En el Evangelio de Mateo capítulo 22,17 ss. se lee: Dinos, pues ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César, o no?. Jesús percibió la malicia de ellos y les dijo ¿Por qué me tentáis hipócritas?. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo ¿De quien es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad , pues, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Este es un clásico ejemplo de un dilema planteado a Jesús. En el diccionario de la lengua española nos encontramos con la definición de dilema: un argumento formado de dos proposiciones contrarias disyuntivamente, con tal artificio que, negada o concedida cualquiera de las dos, queda demostrado lo que se intenta probar.
Si Jesús respondía que era lícito dar tributo al César, entonces sería criticado por ser servil al imperio romano; si decía que no, entonces sería denunciado como revolucionario, contrario al imperio y por tanto debía ser detenido. Cualquier respuesta directa lo condenaría. Así se explica su astuta respuesta.
Apliquemos este caso al recurrente tema de los bonos que los candidatos ofrecen incrementar, o mantener. El candidato que ofrezca bonos recibirá la aprobación de los más desposeídos, porque se lo vería como persona cercana a sus intereses, mientras otros criticarían la medida porque el país está endeudado hasta el cuello y un bono más echaría gasolina al fuego. Si un candidato decide quitar algún bono, sería duramente criticado, porque estaría restando un derecho adquirido; pocos le aplaudirían por una decisión que conllevaría cierta estabilización económica.
Entregar bonos a la gente con menos recursos no es más que otro capítulo del conocido asistencialismo estatal que utiliza este mecanismo de operación política para controlar posibles estallidos sociales y, de paso, se gana el apoyo electoral de los sectores subvencionados. El 24 de abril de 1997, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada emitió el decreto supremo conocido como Bonosol en favor de las personas mayores de 65 años, por tanto los bonos no son medidas exclusivas de los gobiernos de izquierda.
Hoy tenemos la Renta Dignidad, antes denominado Bonosol, para las personas adultas mayores, el bono Juancito Pinto para los escolares; el bono Juana Azurduy que beneficia a las mujeres gestantes. El financiamiento de todos estos se origina en las arcas del Estado y de algunas empresas estatales.
La política estatal de asistencia contribuye a perpetuar la sujeción de las clases sociales con escasos recursos al dominio del Estado protector, aunque de alguna manera, incide en la circulación del dinero, al estilo del economista Friedman, para distribuir el dinero entre la población, con el fin de estimular la economía durante la recesión.
El populismo de nuestros días transita por estos caminos porque es una buena medida para captar el voto de las personas con menos recursos y educación; más que objetivos económicos, sus intereses son políticos. Sus programas asistencialistas son muy similares a los neoliberales, aunque quizá con mayor cobertura y presupuesto, porque se trata es de procrear a un sujeto político que obre como base de apoyo del gobierno, especialmente en el periodo electoral.
Las economías campesinas son las más desprotegidas en nuestro país, por la falta de caminos, recursos tecnológicos y posibilidades de crecimiento; esta situación obliga a los actores con mayor poder económico al deber moral de ser generosos con estas personas que más lo necesitan. En otro espacio se encuentran los jóvenes que salen de institutos y universidades que requieren un paliativo y condiciones para insertarse en la vida laboral, sin tener que depender del favor político, sino de su capacidad.
Me declaro partidario del economista indio Amartya Sen, para quien “la pobreza es la privación de las capacidades, entonces las políticas asistencialistas en lugar de solucionar el problema de la pobreza lo agudizan y perpetúan. Al quitarles a las personas sus propias fuerzas para hacerlas depender de las de otro, el Estado asistencialista les quita su libertad y responsabilidad y, por consiguiente, la oportunidad de desarrollar sus capacidades. Pero, claro, esto conviene a los gobiernos: tener gente dependiente de dádivas dispuesta a ‘vender su voto por un plato de lentejas´ en lugar de gente independiente y pensante con capacidad de participación civil”.
- ERNESTO MURILLO ESTRADA
- PERIODISTA, ACADÉMICO Y DOCENTE UNIVERSITARIO
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