La revelación del denominado “caso consorcio” ha evidenciado nuevamente injerencia del poder político en el sistema judicial boliviano. Para el abogado Jorge Valda, esta situación confirma lo que durante años se denunció sin pruebas concluyentes: “La justicia se maneja a la carta y está dominada por el poder político”.
El caso, que implica al exministro de Justicia, César Siles, a jueces y a exvocales judiciales, hoy detenidos, expone por primera vez grabaciones y documentos que vinculan directamente a autoridades del Ejecutivo con intentos de manipulación en decisiones judiciales claves.
“Por primera vez hay pruebas claras. No se ha descubierto nada nuevo, pero ahora hay evidencias de que el gobierno de Luis Arce ha intentado tomar control del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó Valda a ANF.
Uno de los ejes del caso es el intento de remoción de la magistrada electa por La Paz, Fanny Coaquira, para que su lugar fuera ocupado por Iván Campero, exvocal acusado de emitir fallos contrarios a la Constitución. Según Valda, el propósito era asegurar un alfil leal al Ejecutivo dentro del Órgano Judicial.
“Como el intento de golpe institucional fracasó, ahora salen a la luz los audios donde el ministro Siles dice que hablaría con fiscales como Mariaca y Torres, y que había coordinación con vocales como Claudia Castro e Yván Córdoba”, relató Valda.
La investigación inició a raíz de la filtración de un audio atribuido al ahora exministro de Justicia, en el que ofrece protección a un juez para emitir un fallo irregular que buscaba alejar del cargo a la magistrada Coaquira. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, calificó el caso como “un golpe judicial”.
La vocal Claudia Castro, hoy con detención preventiva, aparece como figura clave. Tiene denuncias por favorecer al expresidente Evo Morales eliminando procesos penales en su contra mediante una Acción de Libertad. También ha beneficiado a otros actores vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Castro tenía tanto poder, que incluso admitió el juicio ordinario contra Jeanine Áñez, lo que constituía prevaricato. Y cuando lo denunciamos, el propio Ministerio de Justicia a pedido suyo, nos procesó”, recordó Valda. Él mismo fue víctima de un proceso disciplinario iniciado desde el Ejecutivo, lo que ilustra la capacidad de presión que se ejercía desde ese Ministerio.
La historia de esta injerencia no es reciente. Durante el primer gobierno de Evo Morales (2006-2009), se conformó el llamado Gabinete Jurídico. Estaba compuesto por al menos 25 funcionarios del Ejecutivo y Judicial, y su intervención en más de 40 casos judiciales fue documentada por la Comisión Justicia y Verdad en 2014.
Este gabinete operaba como una suerte de instancia paralela que dictaba lineamientos judiciales desde el Ejecutivo. Uno de los casos más representativos fue el del Hotel Las Américas. Ramiro Orías, exoficial del Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), sostuvo que este modelo permitió consolidar “estructuras de impunidad” bajo control político.
De esa etapa se identifica a Héctor Arce Zaconeta, Juan Ramón Quintana, Alfredo Rada, Oscar Coca, Carlos Romero, Walker San Miguel, Nardy Suxo, Rubén Saavedra, Sacha Llorenti y Wilfredo Chávez como operadores políticos en la administración de justicia.
En una segunda línea se señaló a Gustavo Torrico, René Martinez, César Navarro, Mario Uribe, Mary Carrasco, Marcos Farfán, Lucio Marca, Betty Yañiquez, Arminda Méndez, Williams Torrez, Edmundo Novillo, Camilo Medina, William Alave e Iván Campero.
La Comisión de Justicia y Verdad, integrada por legisladores de oposición durante el régimen de Morales Ayma y García Linera, identificó los casos de seguridad interna en los que esta red operó, bajo la excusa de “protección de la integridad del Estado”. Los casos fueron: terrorismo o Rosza, mina Colquiri, Chaparina, Kaihuasi, visas chinas, Porvenir, Cattler Uniservice, La Calancha, Aerosur, entre otros.
Una segunda etapa de estos grupos se dio en el último mandato de Morales y se extendió con el gobierno de Luis Arce. La figura de Iván Lima, como ministro de Justicia, sobresalió en su momento junto a los hoy denominados magistrados autoprorrogados. Lima fue citado a declarar el jueves, junto al exviceministro de Gobierno, José Luis Quiroga. Con ellos, suman nueve los investigados por el caso consorcio: César Siles, exministro de Justicia, Yván Córdova, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Iván Campero, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Ramiro Uriarte, exvicecónsul de Bolivia en España, Claudia Castro, exvocal del TDJ de La Paz, Marcelo Lea Plaza, juez de Coroico y Sergio S., jefe de plataforma del Juzgado de Coroico.
- ///FUENTE: ANF/ V21///
