El candidato presidencial por NGP, Jaime Dunn, ha sacudido el escenario político con una declaración contundente:
“En nuestro gobierno declararemos al narcotráfico como actividad terrorista. Ningún bloqueo pagado con cocaína volverá a paralizar Bolivia”.
La propuesta ha despertado expectativas entre quienes sufren la violencia derivada del crimen organizado a diario, pero también ha generado interrogantes sobre su viabilidad jurídica. ¿Es posible equiparar el narcotráfico con el terrorismo dentro del marco legal boliviano?
El marco legal actual
Bolivia cuenta con una serie de leyes diseñadas para combatir el financiamiento del terrorismo y el narcotráfico:
Ley N° 262 (2012): Establece mecanismos de congelamiento de bienes vinculados a actividades terroristas.
Ley N° 1768: Incluye la legitimación de ganancias ilícitas en el Código Penal y crea la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Ley N° 1386 y su abrogación por la Ley N° 1409: Buscaban establecer una estrategia nacional contra el financiamiento del terrorismo.
Decreto Supremo N° 138 (2009): Permite la aplicación de medidas cautelares sobre bienes usados en actos de terrorismo y sedición.
Ley N° 4072: Ratifica convenios internacionales contra el financiamiento del terrorismo.
El Artículo 133 del Código Penal tipifica el terrorismo como un delito con penas de hasta 20 años de prisión para quienes busquen subvertir el orden constitucional o generar pánico colectivo.
¿Es posible la propuesta de Dunn?
Si bien el narcotráfico financia actividades terroristas, desde una perspectiva jurídica es un delito autónomo con una tipificación específica en el derecho penal internacional. No puede ser automáticamente reclasificado como terrorismo sin una reforma legal significativa.
Los recientes crímenes en Llallagua, donde seis personas fueron asesinadas por grupos armados, evidencian la urgencia de medidas contundentes. No obstante, más allá de redefinir el narcotráfico como terrorismo, Bolivia necesita una aplicación estricta de la legislación vigente para frenar el financiamiento ilícito detrás de los bloqueos y desestabilizaciones políticas.
La propuesta de Dunn abre un debate crucial: ¿es momento de replantear el enfoque contra el narcotráfico y sus organizaciones en Bolivia?
- MARCEL RIVAS FALON
- Ex Director General De Migración
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