Traición a la patria es entregar recursos naturales a mineros

La Constitución Política del Estado (CPE) dispone en el Art. 348.I que “son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electro magnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país”. Sin embargo, Luis Arce incumple el mandato constitucional, al ceder ante la ambición de los empresarios chinos disfrazados de cooperativistas, que depredan y destruyen los recursos naturales, los parques y reservas naturales, para su BENEFICIO.

La minería ilegal realiza exploración, extracción y explotación de recursos minerales, incumpliendo con las exigencias administrativas, técnicas, sociales o ambientales que precisa la ley, lo que es penado con pena privativa de libertad de entre 4 y 8 años, más días de multa. Y el Art. 349 de la CPE define que comete delito de “traición a la Patria”, quien viole el régimen constitucional de recursos naturales. Es que afirma que los recursos naturales pertenecen al pueblo boliviano, no a individuos ni al gobierno, menos a extranjeros. Por ello, esperemos que la justicia cumpla y haga cumplir la CPE.

Hace poco los mineros bloquearon calles de la ciudad de La Paz para imponer sus demandas y Arce las aprobó y consisten en: pago en dólares por su producción; suministro de explosivos; regularización en la distribución de combustible; mayores áreas para la explotación minera, como ingresar al Salar para la explotación del litio; seguir gestionando nuevos préstamos ante organismos internacionales, para la llegada de divisas a nuestra economía.

Los mineros auríferos gozan de beneficios del gobierno para la explotación del oro, actividad que ha comenzado a crecer muchísimo en Bolivia desde el año 2013. Bolivia exportó un total de 9.8 toneladas de oro hasta agosto de 2024, valoradas en $us 522 millones. En comparación, en el mismo período de 2023, las exportaciones fueron de 39.87 toneladas, con un valor de $us 1.837 millones. Entre enero y noviembre de 2024, las exportaciones de oro en Bolivia alcanzaron $us 667,6 millones, una caída del 72,3% en comparación con los $us 2.408 millones registrados en 2023. Y el 95% de este oro es explotado por cooperativas mineras.

Las cooperativas, deberían ser de desempleados, que se ven obligados a explotar minerales y tienen que ir a yacimientos que han sido abandonados por las empresas. Y los que explotan oro, lo hacen a través de cooperativas en yacimientos pequeños. La actividad de estas cooperativas es ilegal, porque la ley establece que sin licencia ambiental no se puede operar. Pero solo el 14% de las cooperativas tiene licencia ambiental, de 1.500 cooperativas. La Ley prohíbe contratar obreros que hagan su trabajo, pero como tienen tanto dinero, contratan obreros. También les prohíbe asociarse con empresas privadas, pero están asociadas con empresas chinas, rusas, colombianas, chilenas, que explotan masivamente el oro. La ley establece que toda actividad económica en Bolivia debe pagar un impuesto a las utilidades del 25%, que en el sector minero se ha incrementado al 37.5%, porque los precios están muy altos, pero se ha dejado que las cooperativas no paguen ni el 2,5%.

Usan mucho mercurio y, lo peor, están en áreas protegidas y desplazando de sus hogares a pueblos indígenas, moviendo el curso de los ríos, contaminando, destruyendo la selva, el bosque de manera inmisericorde. Y esto se ve reflejado en los desastres naturales. Exportan oro por un valor de 3.000 millones de dólares y solo dejan al Estado 70 millones de dólares, usan diésel subvencionado del Estado, de 500 millones de dólares.

Más del 70% del oro corresponde al departamento de La Paz, de los Yungas, en los ríos caudalosos que arrastran el oro desde la cordillera. Y ahora están en la selva amazónica del departamento de La Paz y del Beni, avasallando. Si se cumplen las leyes, Bolivia podría recibir por la explotación de oro aproximadamente entre 1.200 y 1.500 millones de dólares por año por impuestos, con lo que se resolvería la crisis inmediatamente. Pero el dominio político, social y económico de las cooperativas auríferas es tan grande porque el gobierno otorga prebendas para conseguir votos.

  • ANGÉLICA SILES PARRADO
  • Abogada, Ex Asambleísta Constituyente De Bolivia
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