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La muerte de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, despertó fuertes cuestionamientos contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) por su intromisión en la justicia para mantener en detención preventiva a opositores o denunciantes de corrupción.
Jorge Valda, abogado de los denominados perseguidos políticos, alertó en Correo del Sur Radio 90.1 FM que los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, el exdirigente cívico Marco Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez, entre otros detenidos preventivamente, también son víctimas de una justicia que sirve “para perseguir y para impedir la investigación en los casos que se quiere dejar en impunidad”.
El jurista recordó los casos de Guillermo Fortún y José María Bakovic, además del exdirigente cívico tarijeño Felipe Moza, que hace poco recuperó su libertad luego de un proceso de 15 años.
Sobre el caso de Marco Aramayo, cuestionó que no se le haya otorgado otra medida cautelar luego de siete años de detención preventiva y apuntó contra el Estado.
“Existe definitivamente una responsabilidad a nivel estatal por haber generado este tipo de inseguridad”, indicó, al encontrar similitudes entre el caso de Aramayo y los procesos en contra de perseguidos políticos.
“Lo que está ocurriendo es un riesgo para todos”, alertó Valda.
Rememoró la situación por la que atravesó Tonchy Bascopé cuando fue aprehendido en Santa Cruz y trasladado a Sucre, pese a su delicado estado de salud, pero también observó el comportamiento de la justicia en el caso de las ambulancias potosinas, en el que el gobernador Jhonny Mamani continúa impune.
//FUENTE: LOS TIEMPOS//
