El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, emitió el Instructivo N°19/2025, para la organización de jornadas de verificación de plazos de la medida cautelar de detenciones preventivas, informó la Agencia Judicial de Noticias.
El Instructivo va dirigido a todos los presidentes de Tribunales Departamentales, en un plazo computable de 24 horas desde la notificación, además, ordena que si un proceso se lleva adelante en un distrito judicial y se cumple la medida de detención en un lugar diferente, el procesado deberá ser trasladado al lugar de radicaría de proceso o en su defecto y de manera excepción hacer uso de medios virtuales tecnológicos.
Además, se precisa que todas las jornadas deberán cumplirse en todos los recintos penitenciarios del país. También se detalla que en “caso de haberse dispuesto la detención preventiva en un sitio distinto al lugar de radicatoria del proceso, se deberá ordenar el traslado correspondiente del detenido o en su defecto y de manera excepcional el uso de medios virtuales tecnológicos”.
A su turno, el magistrado del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, informó sobre el inicio de fiscalización y auditorias de juzgados, para asegurar el debido proceso de los privados de libertad y garantizar que no exceden los plazos de detención preventiva.
“La justicia y las leyes son una sola y deben garantizarse para todos los bolivianos”, subrayó Spencer en contacto con los medios.
Entre este paquete de medidas se detalla:
“Fiscalización a tribunales”, se instruirá a jueces y tribunales de sentencia cumplir estrictamente con la celeridad procesal, conforme a la normativa vigente, para que todos los privados de libertad accedan oportunamente al debido proceso.
“Auditorías judiciales” en juzgados donde existan retrasos injustificados, especialmente en casos con detención preventiva prolongada. Estas auditorías permitirán identificar responsabilidades y mejorar la transparencia en la administración de justicia.
“Censo técnico nacional” de privados de libertad, se está elaborando un registro oficial de personas en prisión preventiva por más de tres años y un día, plazo máximo fijado por ley.
El viernes, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, recordó que, al primer semestre del 2025, más del 50% de la población total carcelaria en Bolivia son detenidos preventivos, cuyos procesos aguardan una revisión en los plazos legales de tramitación.
“A junio de 2025 el 58,2% de 33,274 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos, quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”, señala la autoridad defensorial a través de una publicación en redes sociales.
En declaraciones anteriores, el Defensor del Pueblo, subrayó que el uso desmesurado de la detención preventiva atenta contra la dignidad del ser humano, provocando altos índices de hacinamiento, lo que puede derivar en malos tratos y condiciones degradantes en los centros penitenciarios del país.
- ///FUENTE: AGENCIAS///
