El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) definió remitir el expediente del caso Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), que implica a la expresidenta Jeanine Áñez, a la Fiscalía General para que esa instancia se manifieste si existe o no una proposición acusatoria en este proceso para hacer el correspondiente control jurisdiccional en el marco de un juicio de responsabilidades.
Áñez aseguró que esta decisión llega tarde, pero demuestra que el proceso en su contra por la presunta designación irregular de Karina Leiva como gerente de EBA en 2019, debió ser iniciada por la Fiscalía y no por instancias del Gobierno, para llegar a un juicio de responsabilidades, como manda la Ley 044 para altas autoridades del Estado.
“El Tribunal Supremo de Justicia ha determinado que a una ex Presidente de Bolivia le correspondía que sea el Fiscal General del Estado el que emita la proposición acusatoria, previa investigación responsable y seria (no como los 9 procesos inventados donde han creado acusaciones sobre pruebas falsas de las que nunca participé) y la remita a la Sala Penal del TSJ, como lo manda la Constitución”, expuso Áñez en sus redes sociales administradas por su entorno cercano.
La expresidenta responsabilizó de su encierro que hoy cumple 4 años y 5 meses al “cónclave masista” conformado por el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el excomandante de la Policía y actual viceministro Jhonny Aguilera, el exministro de Justicia, Iván Lima, el exfiscal general Juan Lanchipa, el presidente Luis Arce Catacora, el exprocurador Wilfredo Chávez, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, entre otros.
“Ya se van, pero no lejos: Al banquillo de los acusados, con la diferencia de que, Dios mediante, la Justicia les otorgará todas las garantías para que prueben lo contrario”, acotó.
El presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, informó que los antecedentes del caso se remitirán a la Fiscalía General y en 24 horas se verificará si existe algún memorial de complementación, enmienda o corrección para seguir con el procedimiento.
El caso, impulsado desde el Gobierno de Luis Arce en 2020 tuvo varias contradicciones dentro del Órgano Judicial con recursos, amparos y fallos que fueron contradiciéndose entre sí. Para los acusadores, Áñez cometió nombramiento ilegal, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, y debe ser juzgada en juicio ordinario; sin embargo, la defensa desconoce esa jurisdicción y pide que la expresidenta sea llevada a un caso de corte por el cargo que ejerció durante 361 días.
La defensa aseguró que con el informe de la Fiscalía General se podrá activar el juicio de responsabilidades, pues la unidad transparencia de EBA presentó directamente la denuncia ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a la que se sumaron el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General y otras instancias gubernamentales, sin tomar en cuenta que Áñez fue presidenta del Estado.
En caso de que la Fiscalía emita su informe y el TSJ defina que se enmarca en la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades, el caso EBA pasará al Comité de Ministerio Público de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para que convoque a Áñez a declarar.
Actualmente, la Comisión de Justicia en la Cámara Baja se encuentra conformada por cuatro diputados del MAS, sin presencia de ningún opositor, y es presidida por Juan José Jaúregui sobre quien existen sospechas de delitos sexuales.
