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A pesar que los exfiscales José Ponce y Patricia Santos intentaron “blindar” al exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, excluyéndolo de las investigaciones del caso Chaparina de forma “permanente e inapelable”, el abogado Eduardo León manifestó a EL DIARIO que prepararán una nueva denuncia por el delito de genocidio y otros.
En 2014, la Fiscalía Departamental de La Paz ratificó la resolución 01/2012 de los fiscales Ponce y Santos, para excluir de las investigaciones a Llorenti de forma permanente e inapelable.
“La resolución que se ha emitido, al haber excluido a Llorenti han establecido de que él ya no podía ser parte del proceso y esta decisión ha sido estrictamente política, ha sido tomada porque rechazaban la denuncia de acuerdo a lo que establece el artículo 304 y 305 del Código de Procedimiento Penal”, precisó.
Explicó que en el juicio se estableció que habría un grado de responsabilidad, por lo que tiene que ser el tribunal el que pueda ordenar que haya una nueva investigación.
En ese marco, León aseguró que no apelará la sentencia que se leyó la madrugada del viernes, donde el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz dictó condena por la represión a la marcha indígena de Chaparina contra tres exgenerales de la Policía, en un proceso que nunca incluyó al exministro de Gobierno, Sacha Llorenti.
“No vamos a apelar más bien vamos a pedir que se amplíe la investigación y se inicie un nuevo proceso contra el señor Sacha Llorenti y el expresidente Evo Morales por los delitos de genocidio, resoluciones contraria a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, incluso hay hechos de tortura y coacción”, apuntó.
GENOCIDIO
La activista Olga Flores manifestó que la sentencia por el caso Chaparina es un atentado a la justicia y que lo que se cometió el 2011 es un genocidio.
“Nosotros hemos acusado claramente de que se trata de un genocidio (…) que no solamente es matar con una bala, genocidio es el exterminio de un pueblo y acá Evo Morales y toda la Policía, legitimándose con este fallo, han cometido genocidio”, manifestó.
“Genocidio de acuerdo al Estatuto de Roma es cuando se le priva a un pueblo de condiciones de existencia, se le quita territorio, se le priva de agua y acá la Policía, el 21 de septiembre se ha apostado en un lugar privándonos el derecho de acceso al agua a mil marchistas, estaba un bloque de la Policía impidiéndonos el acceso agua (…) y como se dice a confesión de parte, relevo de prueba, se presentó el canciller llevando unas botellas de agua y dicen que eran 1.200 litros, como a un litro por persona, y ahí habían niños, ahí empieza el genocidio de Chaparina, cuando se les quiere privar de su territorio, cuando se quiebra la moral del pueblo, y acá cuando se somete con esos tratos crueles e inhumanos se demuestra que querían quebrar la marcha. Se nos ha prohibido de nuestra libertad de circulación, se ha apresado niños, se los ha separado de sus padres y llevados en una camioneta como leña”, recordó Flores en entrevista con radio Fides.
IMPUNIDAD
Por otro lado, el expresidente Carlos Mesa afirmó ayer que con la sentencia de Chaparina se busca garantizar la impunidad de Evo Morales y de Sacha Llorenti, a quienes apuntó de ser responsables de la “represión racista” contra los indígenas de tierras bajas, en 2011.
“La sentencia por el caso Chaparina intenta garantizar la impunidad para Morales y Llorenti, responsables de la represión racista contra los indígenas de tierras bajas en 2011”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter.
Cuestionó que este tipo de fallos son un nuevo “acto indigno” de los operadores de justicia bajo las órdenes del “dictador prófugo”.
El juez del Tribunal Décimo de Sentencia Penal sentenció la madrugada del viernes a los generales de la Policía Óscar Muñoz Colodro, Carlos Remberto Flores y Luis Zapata a dos años y ocho meses de prisión, por los delitos de incumplimiento de deberes, lesiones graves y leves, vejaciones y torturas, y privación de la libertad.
En sus primeras declaraciones, dadas en 2013, el exsubcomandante de Policía, Óscar Muñoz Colodro, señaló que quien dio la orden directa para la intervención de la marcha indígena en Chaparina, cerca de Yucumo, fue Sacha Llorenti.
//FUENTE: EL DIARIO//