La activista de derechos humanos, Lizeth Beramendi, quien hace seguimiento al caso del miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Mario ‘Tonchi’ Bascopé, aseguró que la sentencia de diez años que impide la liberación del joven cochabambino fue producto de la presión del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
La exrepresentante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) detalló los pormenores del caso de tráfico de sustancias controladas con el que se acusó y sentenció a Bascopé, pese a todas las evidencias que demostraban su inocencia.
Bascopé trabajaba importando movilidades de remates oficiales en Estados Unidos que llegaban al país y eran registradas legalmente. En 2011 adquirió un lote de tres, incluida una vagoneta Chevrolet Blazer modelo 2002, color azul, (placa 2806‑GKG), «que vendió a su amigo cochabambino Marco A. Anze G., otorgándole un poder notarial para que éste realizara el trámite de registro, placas y cambio de nombre, tal como se hace normalmente en este tipo de operaciones».
Seis años después de la venta, en 2017, durante un operativo de tránsito en Santa Cruz la Policía detuvo a Francisco Bernal, quien conducía esa vagoneta y durante la requisa encontraron un doble fondo que ocultaba más de 40 kilos de cocaína.
El sujeto dijo que la droga era del dueño del vehículo, sin identificar a nadie. Luego se supo que Bernal tenía antecedentes por narcotráfico.
«Tonchi, por su parte, en esa época no estaba en Bolivia, no conocía al conductor Francisco Bernal, no tenía vínculo alguno con el vehículo desde 2011, y ni siquiera sabía que aún figuraba registrado a su nombre en el RUAT. A pesar de esta absoluta desvinculación, la Policía y la Fiscalía optaron por no investigar al comprador real ni a los responsables del cargamento, centrándose de manera arbitraria en Mario Antonio Bascopé», remarca Beramendi.
La Policía y Ministerio Público investigaron el RUAT y al ver el nombre de Bascopé, que Anze no había modificado, fue a capturarlo bajo sospecha de narcotráfico sin citación ni notificación previa.
Tras los hechos de 2019, cuando la RJC salió como un escudo de protección en Cochabamba, ante las marchas y amenazas de cercos y saqueos a la ciudad de parte de los grupos afines al MAS, el apellido Bascopé quedó en la lista negra del partido de Evo Morales, en especial de su grupo de choque Columna Sur, cuyo cabecilla era Del Castillo.
«En noviembre de 2020, con el retorno del MAS al poder, la persecución se intensificó. El ministro Eduardo del Castillo inició una campaña de cacería contra la Resistencia Juvenil Cochala. Fue entonces cuando el Ministerio de Gobierno se incorporó, de manera ilegal, como acusador particular en el proceso, ejerciendo una presión política directa sobre fiscales y jueces», redacta Beramendi.
«El 23 de diciembre de 2020, por órdenes expresas de Eduardo del Castillo, Tonchi fue capturado violentamente en su propia casa en Cochabamba, pese a que en ese momento cumplía detención domiciliaria dentro de un proceso armado por Nelson Cox, entonces supuesto ‘Defensor del Pueblo'», agrega la activista.
Meses después, comenzó el juicio contra ‘Tonchi’ quien ya se encontraba recluido en el penal de Palmasola. La defensa presentó todos los descargos, como la documentación de venta del vehículo a Anze, hasta la declaración de Bernal quien afirmó no conocer ni nunca haber visto a Bascopé.
«Sin embargo, los jueces ignoraron deliberadamente la primera prueba y rechazaron la segunda, demostrando que la sentencia no se construiría sobre evidencia, sino sobre una decisión política ya tomada», añade el relato de Beramendi.
El 1 de noviembre de 2021, el Tribunal Penal N.º 1 de Buena Vista dictó una sentencia condenatoria unánime, imponiendo a ‘Tonchi’ 10 años de cárcel. Del Castillo salió inmediatamente a «informar al pueblo boliviano» sobre ese fallo y a tachar al miembro de la RJC como «narcotraficante».
Bascopé luego fue enviado al penal de San Roque en Sucre, por otra sentencia de seis años por las protestas de agosto de 2020, cuando se pedía la renuncia del entonces fiscal general Juan Lanchipa.
Durante estos cinco años, la salud de Bascopé se fue deteriorando, tuvo una intervención por problemas gástricos y hoy tiene comprometidos los riñones, además de un cuadro de desnutrición, pues pese a los pedidos para salir a recibir atención médica especializada, ésta fue sistemáticamente negada por Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno.
Tras las denuncias internacionales por vulneración de derechos humanos y torturas contra Bascopé, además del cambio de gobierno, recién hace una semana se dio permiso para que el joven cochabambino salga a una clínica privada en Sucre.
«Este caso no constituye un error judicial: es un castigo político deliberado. Tonchi no fue procesado por un delito, sino por haber defendido a su pueblo durante los días de resistencia de 2019, cuando Cochabamba fue brutalmente atacada por el MAS. La justicia fue usada como arma de venganza y un ciudadano inocente fue transformado en «enemigo del Estado» simplemente por proteger a su gente, por ponerse de pie cuando otros callaron, por representar la dignidad de un pueblo que no se rindió», concluye Beramendi.
Desde el Conade y otros organismos como la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda), se activaron los recursos para pedir la excarcelación e incluso la redención de Bascopé.
Otros miembros de la RJC también sufrieron similares condenas y procesos montados como Yassir Molina, Favio Bascopé, Milena Soto y Jaime Maldonado.
