Sentencia en Sucre determina que la RJC no es una organización criminal

Con seis años de cárcel fueron sentenciados esta jornada los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Yassir Molina, Mario Bascopé y Fabio Alejandro Bascopé, mientras Milena Soto, Mario Salazar y Aida Loayza fueron absueltos, por las figuras de porte o portación de armas de fuego, municiones y explosivos; daño calificado; y por impedir y estorbar funciones públicas, pero se descartó el delito de organización criminal.

La sentencia fue dictada en Sucre por el juez de Sentencia Tercero en lo Penal, Emilio Pinto, y añadió que tanto Molina como los hermanos Bascopé cumplan condena, una vez ejecutoriada, en el penal de San Roque de la capital del Estado.

“Hoy he sido absuelta, estoy agradecida con Dios y con el pueblo cochabambino”, dijo Soto, que tenía arresto domiciliario en Cochabamba, pero aclaró que todavía tiene otros tres juicios en su contra por la resistencia realizada en Cochabamba durante la crisis política de octubre y noviembre de 2019.

“La Resistencia solo ha defendido al pueblo cochabambino y me enorgullezco por lo que pasé en 2019, por más procesos que nos metan lo volvería a pasar, porque la Resistencia se debe respetar y se debe respetar al pueblo cochabambino”, añadió la activista.

Sobre la figura de supuesta organización criminal, la defensa de Soto destacó que ese tipo penal, por el cual la Fiscalía buscaba hasta 20 años de cárcel para los jóvenes cochabambinos, fue descartada. “No ha existido ninguna organización criminal, la RJC nunca lo ha sido”, expresó.

El juicio se instauró por las protestas de la RJC en Sucre en agosto de 2020, en las que se pedía la renuncia del fiscal general Juan Lanchipa. Los jóvenes realizaron un mitin en la sede del Ministerio Público, se quemó algunas llantas en la calle, se pintó una pared y puerta del edifico. Los daños se calcularon en Bs 4 mil.

Afuera del Juzgado se hizo presente un grupo violento afín al Gobierno, que interrumpió la audiencia de sentencia en dos oportunidades. Con arengas de “esto no es venganza, esto es justicia”, los posibles funcionarios públicos también reclamaban la pena máxima de 20 años en este caso, en coincidencia con el pedido del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia y Procuraduría General.

El juez Pinto detalló el tiempo de condena de las tres figuras penales, tomando la de “daño calificado”, que tiene de uno a seis años de cárcel, como la pena mayor con cuatro años y añadió dos por el “concurso real”.

La sentencia podrá ser apelada en Sucre en el plazo de 15 días, dictó el juzgado.

//@VISOR21//