El diputado de Unidad Carlos Alarcón advirtió iniciar un proceso penal contra autoridades de la Dirección General de Migración, la Contraloría y el Ministerio Público si es que se constata que Armin Dorgathen, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), huyó del país.
En los últimos días, circularon algunas fotografías del expresidente de YPFB supuestamente en Brasil. El exfuncionario fue involucrado en varios casos de presunta corrupción en la petrolera estatal, pero en su momento no fue detenido ni cautelado.
El diputado Alarcón recordó que tras aprobar el informe de la comisión especial el 12 de septiembre, pidió al fiscal departamental, mediante carta, que disponga las alertas migratorias, arraigos y la cautela de los bienes de todos los involucrados en el caso Botrading. El pedido no fue atendido en ese entonces, hasta que a mediados de noviembre se decidió emitir la alerta migratoria.
“Habrá que ver si Dorgathen, si se confirma que está en Brasil, salió antes o después de esta alerta migratoria. Lo más importante es que lamentablemente estos fiscales no han tomado acciones claras y decididas contra la corrupción con el principal involucrado, gestor, ideólogo de este esquema de corrupción llamado Botrading”, aseveró el legislador en entrevista con la ANF.
Alarcón cuestionó el rol de la Fiscalía durante los últimos meses de mandato de Luis Arce porque, teniendo “documentos contundentes” sobre el caso Botrading, no pidieron medidas cautelares contra Dorgathen, el principal señalado, pero sí detuvieron a Félix Cruz, exgerente de YPFB Logística, que tuvo una participación menor.
“Vamos a hacer una investigación para determinar el incumplimiento de sus deberes y obligaciones, y sobre la base de esa investigación vamos a tomar las acciones que correspondan en el ámbito penal y en el ámbito resarcitorio”, anunció el diputado de Unidad.
El legislador también resaltó que la Dirección de Migración debe evitar la salida de los funcionarios del anterior gobierno porque está en vigencia la Ley 1352, que garantiza que las exautoridades puedan responder en el país ante posibles irregularidades durante su gestión.
//FUENTE: ANF//
