La ciudad y el departamento de Potosí enfrentan una crisis estructural grave, profundizada por la corrupción de las autoridades y la inacción gubernamental que condena a la población a vivir en condiciones precarias que rozan la negligencia afirmó, en entrevista con EL DIARIO, la asambleísta Azucena Fuertes, quien evidenció un patrón persistente de mala gestión y desvío de recursos que vulnera los derechos básicos como el acceso al agua potable, a la salud y a una conectividad digna.
“En cuanto al agua, un recurso esencial, más de la mitad de la ciudad de Potosí sigue dependiendo exclusivamente de las lluvias para garantizar el suministro. Esta situación explica que solo se cuente con las lagunas del Kari Kari, reservorios que datan del período colonial y que se han convertido en la principal fuente hídrica, vulnerable a la minería clandestina que crece irresponsablemente”, dijo.
Kari Kari no solo está bajo la autoridad del municipio de Potosí, sino que también abarca parte del municipio de Chaquí, lo que hace imprescindible una coordinación intermunicipal que no se ha concretado. El extractivismo ilegal amenaza con destruir estas fuentes hídricas y agrava la sequía endémica en la región.
Este problema no es nuevo. En 2017, cuando Fuertes era concejal, se identificó la gravedad de la sequía, comparable a la de los años 80, y se aprobó un proyecto de provisión de agua para La Palca con una inversión de 25 millones de bolivianos. A pesar de que el presupuesto fue desembolsado íntegramente, la población no ha visto una sola gota de agua proveniente de esta obra. La Fiscalía abrió una investigación por corrupción, evidenciando que el proyecto fue mal ejecutado y que el dinero probablemente fue malversado, lo que ha dejado sin respuesta las necesidades urgentes de agua potable. Esta situación refleja una negligencia gubernamental que afecta a los potosinos.
Además, Potosí representa una anomalía en varios aspectos fundamentales del desarrollo urbano y social. La ciudad capital no cuenta con aeropuerto, por ello cualquier viajero desde La Paz debe desviarse obligatoriamente a Sucre y luego recorrer tres horas más por tierra.
La otra alternativa, el viaje completamente terrestre desde La Paz, dura entre ocho y nueve horas, lo que dificulta la movilidad para temas comerciales y, de forma crítica, en situaciones de emergencias médicas. En otros departamentos, la conectividad aérea es clave para la gestión sanitaria, económica y social, pero en Potosí, la ausencia de infraestructura aérea agudiza la marginación.
En materia hospitalaria, Potosí es el único departamento del país cuya capital no cuenta con un hospital de tercer nivel plenamente operativo.
“El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un crédito para infraestructura, equipamiento y recursos humanos con el compromiso de que para finales de esta gestión el hospital estaría al 100% en funcionamiento. No obstante, eso no ocurre y se ha detectado corrupción en la contratación y distribución de personal médico. En vez de contratar especialistas calificados, se priorizó la contratación de médicos generales y personal administrativo. También se denunció la venta ilegal de artículos de salud que estaban destinados al Ministerio de Salud. La administración del sector salud sufre nuevamente de irregularidades que perjudican directamente el acceso a servicios adecuados para la población”, sostuvo.
Agregó que los planes de inversión municipal y departamental tampoco reflejan prioridades reales. Para la gestión 2026, el presupuesto aprobado asciende a 1.113 millones de bolivianos, aunque ningún proyecto nuevo aparece incluido; solo se planifican obras de continuidad, destacándose una desproporcionada cantidad de iniciativas para construir canchas de césped sintético.
“Estas canchas, según los alcaldes, responden a demandas sociales, pero el sobreprecio denunciado en estos proyectos es escandaloso. Por ejemplo, una cancha en la región de Lípez, cerca de la frontera con Chile, cuesta lo mismo que una ubicada a media hora de la ciudad, en San Antonio, siendo estas obras prioritariamente lucrativas para actores vinculados a la corrupción”. manifestó.
En esa línea, según Fuertes, la Gobernación, que es constitucionalmente responsable de competencias departamentales, está ejecutando estas canchas pese a que la ley establece que son de competencia municipal. Esta situación se consolidó mediante una ley impulsada por el gobernador y aprobada por la mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS).
La norma obliga a que estas canchas solo puedan financiarse con recursos de la Gobernación, secuestrando así una política deportiva que debería ser municipal, mientras otras necesidades fundamentales quedan sin atención.
“No solo eso, la Gobernación no ha priorizado otras obras de impacto social y económico, como carreteras de doble vía que mejoren la comunicación y el comercio, ni una morgue digna, lo que provoca que los fallecidos permanezcan en los patios de los hospitales, un horror que avergüenza a toda la sociedad. Mientras tanto, municipios turísticos clave, como Uyuni, cuentan con sistemas de alcantarillado adecuados. Potosí no logra resolver las demandas elementales de saneamiento”, puntualizó.
“Estos datos y denuncias expresan un patrón grave: Potosí tiene dinero para inversión pública, incluso más que los departamentos de La Paz y Santa Cruz, pero no tiene capacidad ni voluntad política para gestionar ni el agua ni la basura. Las prioridades distorsionadas, la corrupción activa y la sobreexplotación irresponsable del medio ambiente convierten a Potosí en un ejemplo de desigualdad y abandono estatal”, reveló.
La asambleísta Fuertes indicó que hipotéticamente se estarían priorizando proyectos donde se puede generar corrupción.
“Se requiere con urgencia transparencia, rendición de cuentas y un compromiso genuino por revertir las condiciones de exclusión que la población potosina viene padeciendo por años”, finalizó.
- //FUENTE: EL DIARIO///
