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Una madre de familia buscó a policías para que puedan ejecutar un mandamiento de apremio contra el padre de su hija, quien le adeudaba poco más de 20.000 bolivianos de asistencia familiar, pero los efectivos le pidieron el 5% o 10% de ese monto. Una abogada califica de “ilegal” e “irregular” estos cobros.
El apremio procede por el incumplimiento en el pago de la asistencia familiar, se constituye en una deuda que al no ser cancelada el obligado o deudor puede ser recluido en un centro penitenciario por el lapso de seis meses.
Martha (nombre ficticio para evitar represalias) esperó mes tras mes que el padre de su hija cumpla con la asistencia familiar o pensión, pero no lo hizo, presionada por las necesidades que debía cumplir tramitó el mandamiento de apremio contra su expareja.
El mandamiento es emitido por un juez que atiende la causa, en el que ordena: “a todo agente de la policía a nivel departamental no impedida por ley (del) Estado plurinacional (…) para que proceda el apremio de J…”, dice el documento.
El denunciado debe ser conducido a la cárcel de la ciudad, en este caso en Santa Cruz de la Sierra donde se sustancia el proceso de liquidación de asistencia familiar.
El abogado de Martha buscó a un policía para que detenga al deudor y lo traslade a la cárcel, sin embargo, uno le “cobró” el 10% del monto de la asistencia familiar, mientras que otro le dijo que podía costar hasta el 5% del monto de la deuda.
La abogada de Mujeres Creando, Heidy Gil, aseguró que en los procesos familiares “todo es gratuito, nada se cobra”. “El problema aquí es que los policías (incurren) en una corrupción total, no todos, pero estos policías están haciendo algo totalmente ilegal”.
Argumentó que los efectivos son funcionarios públicos, además es su “obligación” dar cumplimiento a una orden judicial. Precisó que no existe en ninguna norma que los policías tengan que “cobrar” toda vez que son sus funciones.
El 10% de más o menos 20.000 que sería la asistencia familiar es 2.000 bolivianos, es decir una buena parte de la pensión que le corresponde a una mujer que tiene un sinfín de necesidades, lo que causa una afectación considerable a los intereses de los niños, niñas y adolescentes.
A ello se suma los honorarios del abogado, es decir por los servicios del profesional que atenderá el caso en los estrados judiciales.
Martha es de escasos recursos económicos, recurrió al extremo del mandamiento de apremio porque durante tres años su expareja eludió concederle la asistencia familiar para la manutención de su niña.
Gil comenta que es una viveza de los policías pretender sacar plata, pero no solo eso, sino que también tienen sus “charlas con la otra parte, sacan plata de aquí y de allá, y se niegan, se niegan a ejecutar estos mandamientos”.
Las mujeres que deben hacer ejecutar este tipo de mandamientos, deben acudir a una EPI de su zona, llamar al 110 o a cualquier policía para que detengan al deudor, si el agente se niega está incurriendo en “incumplimiento de deberes”.
Insistió que cobrar un porcentaje de la asistencia familiar es un “abuso totalmente irregular” y un “delito” que no se debe tolerar.
El caso se encuentra en un juzgado del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la orden fue emitida el mes de agosto.
La ANF llamó en varias oportunidades al número de teléfono celular coorporativo de la FELCV otorgado por el comunicador del Comando de la Policía Boliviana, pero nunca respondieron. La importancia de conocer la palabra de la institución verde olivo es si existe alguna disposición para este tipo de cobros.