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El Gobierno de Dina Boluarte declaró el martes en estado de emergencia a las regiones peruanas de Apurímac, Arequipa e Ica, donde se ha registrado una ola de protestas que exigen la inmediata renuncia de la nueva presidenta, el cierre del Congreso y el adelanto de nuevas elecciones generales.
“Hemos declarado en emergencia hoy y va a salir publicado de manera formal en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano en las próximas horas”, informó el ministro de Defensa, Alberto Otárola, en conferencia de prensa.
“Es importante precisar que el departamento de Ica y Arequipa se suman a la emergencia decretada en Andahuaylas para que las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional puedan tomar el control del orden interno”, añadió.
Otárola dijo también que se declara en emergencia la Red Vial Nacional, para asegurar el libre tránsito de todos los peruanos. De igual manera, se dará protección a los aeropuertos, centrales hidroeléctricas, “y todas aquellas infraestructuras que por su valor estratégico sirven para asegurar la vida y subsistencia de todos los peruanos”.
“Tenemos escasos días al frente del gobierno. Estamos tomando las decisiones que creemos nos facilitan la Constitución y la ley. Se los puedo decir por las tareas de inteligencia que hemos tenido hoy, que no son más de 8.000 los que causan estos disturbios”, apuntó.
Tras los anuncios, la presidenta Boluarte sostuvo una reunión extraordinaria con el Consejo de Estado, donde estuvieron presentes José Williams, titular del Parlamento; Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial; la fiscal general Patricia Benavides; la defensora del Pueblo Eliana Rebollar; Jorge Luis Salas, titular del Jurado Nacional de Elecciones; Francisco Saravia, titular del Tribunal Constitucional; el contralor general Nelson Shack, y Henry Ávila, presidente de la Junta Nacional de Justicia.
Al final de la sesión, el mensaje fue unánime: respaldar las decisiones del Gobierno para restablecer el orden y la calma en diferentes puntos del país. Según los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo, hay ocho muertos y más de 100 heridos en choques entre los manifestantes y la policía.
Caos social
Los manifestantes se reúnen en la plaza de San Martín para dirigirse desde allí al Congreso en Lima. En el trayecto, no obstante, han sido replegados por la policía, que los hace retroceder con balas de canicas, golpes de varas y gases lacrimógenos.
La violencia es tal que negocios privados y sedes de medios de comunicación como América Televisión, Panamericana y Exitosa han sufrido daños por la turba de gente que tira piedras para no ser detenidos.
En el interior del país sigue el caos. El martes se bloquearon varios tramos de la carretera Panamericana Norte, que impidió el paso de los buses interprovinciales, camiones y autos hacia Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes.
Similar situación se vivió en el distrito de Pichanaqui, donde las carreteras también amanecieron con enormes piedras que dificultaron el paso de los camiones que trasladan alimentos de las ciudades del centro del país como Junín a Lima.
En Cusco se tuvo que suspender la actividad turística porque una turba de 100 manifestantes saqueó centros comerciales, se apoderó de una planta de gas y quemaron un canal de televisión. Por otro lado, en Arequipa incendiaron la planta de una conocida empresa de leche.
En tanto, las sedes del Poder Judicial en Apurímac y Huancavelica fueron destrozadas y quemadas.
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