El viernes se conoció que el cívico de Puerto Quijarro fue beneficiado con la aplicación de medidas sustitutivas en un caso referido al paro de 36 días que llevó adelante la población de Santa Cruz en 2022.
Este antecedente sirve para la defensa del caso, explicó la diputada María René Álvarez.
“El presidente cívico logra su libertad porque se ha demostrado que no tiene relación alguna con la muerte de un ciudadano, aquel primer día de paro que exigía la realización del censo. La violencia y represión siempre vino de parte del Gobierno y sus grupos de choque y no de la justa protesta de la población cruceña”, manifestó.
Mario Enrique Rodríguez Ojopi logró detención domiciliaria, luego de casi seis meses de detención preventiva producto de una aprehensión violenta en octubre de 2023, cuando la Policía lo detuvo al salir de una farmacia, gasificando a la gente que quería reclamar por el entonces presidente cívico de Puerto Quijarro.
Rodríguez Ojopi fue denunciado por la muerte del funcionario edil Julio Taborga, quien perdió la vida durante el primer día del paro cívico por el censo.
Aquel 16 de octubre de 2022, la Policía envió un fuerte contingente a Puerto Quijarro y comenzó a gasificar a la población. Producto de aquello, el funcionario sufrió una asfixia y posterior fallecimiento, tal como señaló su hijo, que lo acompañaba en el lugar. La versión del Gobierno fue que Taborga “recibió una brutal golpiza de parte de los cívicos”.
En criterio de la legisladora, todo el caso del paro de 36 días que se investiga en el Ministerio Público, a denuncia de sectores aliados al Gobierno, es otro montaje judicial para tratar de criminalizar, perseguir y acallar al movimiento cívico y ciudadano de Santa Cruz.
Sin embargo, el fallo a favor de Rodríguez Ojopi sirve para demostrar que la población no tuvo participación en actos de violencia, muertes y menos “terrorismo”, como se maneja en las denuncias de la Fiscalía.
La diputada cruceña recordó que en la semana, dos vocales de la Sala Penal Tercera, que fueron posesionados de forma irregular en enero por uno de los exmagistrados autoprorrogados del Tribunal Supremo de Justicia, decidieron radicar el caso del paro cívico cruceño en La Paz, al señalar que se trata de una investigación sobre “terrorismo”.
“De qué terrorismo hablan, si el comité interinstitucional fue parte de las mesas de diálogo con el propio Gobierno. Lo que pretenden es perseguir a los líderes cruceños y con ello criminalizar la protesta pacífica de Santa Cruz que logró que el censo se realice este año”, concluyó.
//FUENTE: PRENSA DIPUTADOS//