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Según un informe divulgado el martes por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 22 defensores de los derechos humanos han sido asesinados durante este año en Colombia, y al menos 562 han perdido la vida, entre entre 2016 y 2021.
La Oficina indicó, no obstante, que recibió información sobre 114 homicidios de defensores y defensoras en 2002, pero solo 22 han sido verificados hasta ahora.
El texto señala a los grupos armados ilegales como los principales responsables de los homicidios.
“Los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales son responsables de masacres, homicidios, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes”, dijo Juliette De Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada ONU DDHH, durante la presentación del informe.
A pesar de que que en 2016 se firmó un acuerdo de paz entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aún existen grupos armados que delinquen como las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Clan del Golfo.
“La creciente violencia perpetrada por los grupos armados y las organizaciones criminales en las zonas rurales de Colombia está teniendo un impacto devastador, especialmente entre las mujeres, los niños, los afrodescendientes, los líderes comunitarios, los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos”, indica el informe.
La representante en Colombia de la Alta Comisionada ONU DDHH aseguró que “en algunos lugares estos grupos parecen suplantar algunas de las funciones propias del Estado y regulan muchos aspectos de la vida comunitaria, incluso tomando decisiones en temas familiares o de justicia local”.
Recomendaciones para el Gobierno
De Rivero manifestó que la respuesta predominante militar para combatir estos grupos no ha logrado frenar su expansión ni la violencia que generan y manifestó que “las comunidades afectadas denuncian un abandono estatal y la ausencia o la limitada presencia de autoridades civiles para enfrentar esta situación. En varios territorios la desconfianza en el Estado crece”.
En ese sentido, recomendó al Gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, revisar la estrategia militar usada hasta hoy para enfrentar a los grupos y proteger a los civiles, así como garantizar la plena aplicación del acuerdo de paz, incluida la búsqueda de la sustitución voluntaria, en lugar de la erradicación forzosa, de los cultivos de coca.
De Rivero señaló que el informe fue presentado a la vicepresidenta electa, Francia Márquez, y el canciller delegado, Alvaro Leyva, saludó la propuesta de una nueva política de paz que propone el nuevo gobierno y ofreció su “acompañamiento para que se implemente en favor de la protección de los derechos humanos en los territorios”.
La ONU también recomendó enfocarse en la protección de la población civil y prestar atención a las causas estructurales de la violencia, así como recudir y eliminar la presencia de grupos armados no estatales a través de una “política eficaz de desmantelamiento concertada con la sociedad civil”, “la adopción de una estrategia para el sometimiento colectivo de estos grupos”, la implementación de una estrategia que proteja civiles y “considerar genuinamente el llamado las poblaciones afectadas por la violencia que piden acuerdos humanitarios o de paz con los grupos”.
Otras recomendaciones son consolidar y reforzar la presencia y capacidad de las instituciones del aparto de justicia y los organismo de control en los territorios, y reforzar capacidad de los gobiernos locales, y de comunidades afros e indígenas.
El informe también manifestó la preocupación por las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, instó a reformar el sector de la seguridad y pidió que se investiguen los presuntos vínculos entre algunos funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado y estos grupos violentos.
“Es deber del Estado proteger a la población de la violencia, y hacerlo respetando el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso instamos al Gobierno a que adopte políticas públicas para responder eficazmente a la violencia y prevenirla, en cumplimiento de las obligaciones de Colombia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, dijo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
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