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La Misión Técnica en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió este viernes un comunicado para referirse al proceso que la justicia ordinaria lleva contra la expresidenta Jeanine Áñez, y entre sus observaciones está la ambigüedad del delito de incumplimiento de deberes y el uso excesivo de la detención preventiva como medida cautelar.
Asimismo, el documento hace referencia al uso excesivo de acusadores en el caso de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, denominado para los medios como “golpe II”, pues tener cuatro instancias como denunciantes afectó el equilibrio procesal en el juicio.
“La participación de numerosas partes acusadoras, entre las que se encontraban la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Gobierno y un senador afectó el equilibrio procesal, entre otros, en la posibilidad de proponer pruebas en la confrontación de testigos y en la presentación de alegatos”, cita la nota de la Oficina ACNUDH.
La misión de Naciones Unidas aclaró que el proceso de observación se realizó a invitación de las autoridades competentes y tras ser aceptada por el Órgano Judicial y las partes del proceso.
Áñez fue sentenciada a diez años de cárcel el pasado 10 de junio por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, por las figuras de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, según los tres jueces a cargo, por haber “quebrantado el orden normativo” de la Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa durante los días 11 y 12 de noviembre de 2019.
Sobre la primera figura penal, el comunicado de la misión de la Oficina ACNUDH recordó que el incumplimiento de deberes es ambiguo e incompatible con el principio de legalidad.
“El tipo penal de incumplimiento de deberes, como han reconocido diversos mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de Derechos Humanos por ser excesivamente amplio y ambiguo”, señala el primer punto del comunicado emitido este viernes.
En torno a la detención preventiva, la Oficina observó que a los acusados se les acumuló esa medida por los mismos hechos, pero bajo distintas figuras penales, se entiende, para mantener encarcelados a los acusados.
“El uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva como medida cautelar es un desafío estructural en el país, como lo han señalado diversos mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En el proceso judicial en cuestión, se observó una acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos bajo diferentes delitos”, señala.
La nota concluye que las observaciones señaladas, que no entran al fondo del proceso o las decisiones del tribunal, “no afectan la independencia judicial” y , al contrario, son elementos que “reflejan los desafíos estructurales que debe enfrentar el sistema de justicia” en Bolivia.
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