El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, llegará a Bolivia antes de las 5 de la madrugada de este jueves, confirmó el viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, con base a fuentes diplomáticas en Estados Unidos.
Murillo, quien fue deportado por Migración de EEUU luego de cumplir una condena en ese país, arribará en vuelo regular al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, para luego ser trasladado a La Paz.
El exministro había solicitado ser expulsado hacia otro país, pero el gobierno norteamericano negó esa petición.
Sobre Murillo existen dos sentencias, dictadas en calidad de rebeldía. Una fue resuelta por el caso de la compra de gases lacrimógenos, con un daño económico al Estado por Bs 16.497.913, con ocho años de prisión. El otro caso denominado gases Ecuador se refiere a la internación de esos agentes químicos del vecino país, por las figuras de tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes, con una condena de cinco años y cuatro meses. Ambas sentencias e dictaron en 2024.
El procurador general, Ricardo Condori, adelantó que esa instancia pedirá el traslado de Murillo a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, donde deberá esperar el avance de los otros procesos activos en su contra.
“Es evidente, se ha solicitado (su reclusión) en un recinto penitenciario, pero para nosotros como Procuraduría, solicitaremos en la audiencia, que se lo remita al penal de máxima seguridad de Chonchocoro”, declaró Condori.
Murillo enfrenta una serie de procesos en su contra, todos relacionados a su paso como ministro en el gobierno de transición de Jeanine Áñez.
El diario El Deber indagó los procesos pendientes contra quien ahora es calificado como el rostro de la corrupción de 2019 a 2020.
Un caso a punto de ingresar a fase de juicio oral, trata de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que detectó el manejo discrecional de dinero y compra de cajas de seguridad en tres bancos a través de su excuñado, Daniel Aliss Paredes. El presunto delito es de legitimación de ganancias ilícitas y la Fiscalía pidió 10 años de presidio. Otro caso está activo por el denominado ‘catering’, en etapa de investigación. Murillo es procesado porque en 2019 mandó a Humprey Roca Becerra como responsable del proceso de contratación para licitar el “servicio de alimentación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)”, pero luego se descubriría que la empresa no estaba calificada para ese trabajo.
Otros dos casos tienen que ver con las llamadas masacres de Senkata y Sacaba, en los cuales Murillo tiene mandamiento de aprehensión y fue declarado en rebeldía en septiembre del pasado año, con el pedido de 30 años de cárcel. Sin embargo, los tribunales que llevaban ambos casos se declararon sin competencia con el proceso a Áñez y dejaron abierta la posibilidad para que todos los ministros de noviembre de 2019 sean procesados en un caso de corte.
Finalmente, Murillo tiene un juicio particular abierto por Lourdes Pacheco, quien fue acusada falsamente por el entonces ministro de Gobierno, por el supuesto rapto de una menor. La mujer, a través de su abogado Frank Campero, pide una indemnización de 1 millón de dólares.
