En una extensa y polémica sesión que concluyó en horas de la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría simple el proyecto de «ley para la reparación integral a las víctimas de graves violaciones a Derechos Humanos cometidas en rupturas del orden constitucional”.
La oposición cuestionó que esa norma haya retomado el criterio de «golpe de Estado» para referirse a los hechos de 2019, además de alertar que este proyecto solo busca beneficiar al expresidente Evo Morales, al dejarlo como «víctima» y no como autor del fraude electoral de ese año.
La diputada María René Álvarez, durante su intervención, aclaró que en noviembre de 2019 hubo una sucesión constitucional, luego del vacío de poder que dejó Morales junto a toda la cadena de prelación hasta recaer la responsabilidad en la entonces senadora Jeanine Áñez. Por tanto, al haber una sucesión no se puede hablar de ruptura constitucional, explicó.
Álvarez agregó que el MAS solo busca justicia para un sector de la población y no para todas las víctimas de esa etapa del país, y recordó que los primeros muertos durante esa crisis política se dieron en pleno mandato de Morales, con el asesinato con disparos de francotiradores de dos cívicos en Montero.
En tanto, la diputada Luisa Nayar reiteró que el MAS incurrió en un fraude electoral, que derivó en las movilizaciones ciudadanas que terminaron con el mandato de casi 14 años de Morales. Recordó además que la ruptura democrática en Bolivia se dió con el desconocimiento del referendo del 21 de febrero de 2016 que dijo no a una repostulación del entonces presidente socialista.
El oficialismo, pese a sus pugnas internas con grupos arcistas, evistas y androniquistas, definió votar en bloque para la aprobación de esta ley, cuya proyectista fue la diputada Betty Yañiquez en coordinación con las denominadas víctimas de Senkata y Sacaba.
La sesión se caracterizó por las acusaciones, ataques e insultos entre oficialistas y opositores, que luego de seis años continúan con posturas irreconciliables sobre los hechos de 2019 y 2020.
La ley establece medidas de reparación como restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, aplicables en dimensiones individuales y colectivas. Estas acciones serán implementadas según la gravedad del daño sufrido y su impacto en los derechos y garantías constitucionales de las víctimas, incluyendo aspectos materiales, inmateriales, morales y del proyecto de vida.
La norma será aplicable a los hechos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 7 de noviembre de 2019. Además, contempla su aplicación a futuros hechos de naturaleza similar que puedan constituir violaciones a los derechos humanos, a fin de prevenir la impunidad y garantizar justicia.
El proyecto de ley aprobado, pasó a tratamiento en la Cámara de Senadores.
