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María Corina Machado, candidata favorita en la primaria presidencial de la oposición venezolana, aseguró que el acuerdo parcial sobre condiciones electorales firmado en Barbados no “arroja certezas”, al no precisar acciones y plazos específicos que despejen la ruta hacia las elecciones de 2024.
El martes, el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición firmaron dos acuerdos parciales, uno de ellos sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales que propone la celebración de elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.
El acuerdo establece que las partes se comprometen a reconocer y respetar el derecho de los actores políticos a escoger su candidato, así como promover un conjunto de garantías que incluye la actualización del Registro Electoral y la invitación a misiones técnicas de observación electoral, entre otras.
Machado reiteró que no ha participado en las negociaciones y que desconoce su “alcance preciso”, pero insistió en que, en el pasado, el gobierno de Maduro ha firmado acuerdos que “viola reiteradamente”.
“Lo relevante ahora no es que se firme un nuevo documento, sino que su cumplimiento estricto se extienda hasta todos aquellos aspectos que contempla la Constitución y que genuinamente benefician a los venezolanos. Los gobiernos de los países acompañantes de este proceso se constituyen frente al pueblo en garantes de que estos compromisos asumidos se concreten”, expuso en un comunicado divulgado el miércoles.
Machado nuevamente exigió la libertad inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares, el cese de la persecución y las garantías de una elección presidencial en la cual se respeten los derechos políticos y civiles de todos los venezolanos.
La Plataforma Unitaria insistió en la necesidad de construir una solución negociada con el gobierno y aseguró que se dio un “sólido” paso que allana el camino para recuperar la confianza en el voto y un acuerdo que incluye “una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad”.
Sin embargo, durante su intervención al término de la firma de los acuerdos, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del oficialismo, insistió en que, si sobre una persona pesa una inhabilitación administrativa, no puede ser candidato.
Según un oficio de la Contraloría General de la República (CGR), divulgado en junio, Machado incurrió en “actos, hechos, omisiones e irregularidades administrativas”, entre ellas “errores” y “omisiones” en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas en el marco de la auditoría patrimonial y precisa que se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.
Pero, Machado insiste en que no ha sido notificada de la acción que ha calificado de “inconstitucional e ilegal”.
Distintos sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.