Marco Antonio Aramayo, víctima de la aberración judicial boliviana

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VISOR21 / Iván Rada.- Marco Antonio Aramayo se debate entre la vida y la muerte tras un coma diabético y paro cardíaco que se le atiende en el Hospital Municipal de Cotahuma en La Paz. Su historia todavía no se entiende en su cabal magnitud, pero apunta a marcar uno de los hechos más aberrantes en la manipulación política de la administración de justicia.

Aramayo, de 54 años, fue designado como director del Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), posesionado por el entonces ministro de Economía,  Luis Arce, cargo que ejerció entre 2013 a 2015, cuando denunció irregularidades en el manejo de los recursos públicos asignados a los proyectos del área rural del país.

DE DENUNCIANTE A DENUNCIADO

Aramayo comparte coca junto al directorio masista del Fondioc en 2013 / FONDIOC

Aramayo pasó de denunciante a denunciado y a la fecha sumó 259 acusaciones, 86 medidas cautelares, ocho juicios abiertos y dos sentencias.

Las acusaciones en su mayoría repitieron las figuras de “incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado”, que incluso se fueron desdoblando según cada región y departamento donde hubo algún proyecto del Fondioc.

La primera denuncia de Aramayo apuntó a la entonces ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, que además, por Decreto Supremo 28571, era presidenta del Directorio del Fondioc. Según su testimonio, la dirigente masista había aprobado un desembolso por Bs 575 millones en plena campaña electoral de 2014.

Otra alerta se dio por los pedidos “personales” de la dirigente Juanita Ancieta para obtener recursos destinados a la posesión de Morales en Tiwanaku en enero de 2015. Para diciembre, Aramayo terminó de romper con el MAS y alertó que había un posible desfalco que, con el pasar de los meses, llegó al equivalente de 170 millones de dólares, el mayor escándalo para el régimen de Morales Ayma. Comenzaba así, su calvario judicial.

Ese año Aramayo fue aprehendido y luego detenido en la cárcel de Cobija, desde entonces su calidad de detenido preventivo se extendió por siete tortuosos años.

“Comenzaron con un caso y 153 juicios, la interventora Larisa Fuentes se inventó 86 y Eugenio Rojas, 20. Total: 259 juicios. Hicieron avanzar 86 procesos; de ese total, sufrí 27 cautelares. Avanzaron un juicio en Tarija, uno en Santa Cruz, tres en Oruro, dos en Cobija, el resto está paralizado”, declaraba Aramayo en 2019.

La Fiscalía General con base a informes de la Contraloría, abrió la investigación sobre 153 proyectos del Fondioc que no fueron ejecutados o que presentaron desembolsos irregulares entre 2010 y octubre de 2014. El Directorio, los directores ejecutivos y los beneficiarios debían entrar en el proceso, pero solo Aramayo arrastró la pena mayor.

DINERO PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Achacollo, como presidenta de Directorio, era responsable de aprobar los proyectos y verificar los recursos entregados por el Ministerio de Economía / APG

Según el DS 28571 de 2005, luego modificado durante el “proceso de cambio”, el Directorio del Fondioc estaba compuesto por los ministros de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, el ministro de Economía, Luis Arce, luego presidente del Estado, y los dirigentes de las organizaciones sociales beneficiarias: Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), luego renombrados como Interculturales, Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia- Bartolina Sisa (FNMCB-BS) luego denominada Confederación, Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC) y Central de Pueblos Etnicos Mojeños del Beni (CPEM-B).

Achacollo fue enviada en detención preventiva en el penal de Miraflores entre agosto de 2016 y diciembre de 2017, para luego beneficiarse de arresto domiciliario en su residencia de Santa Cruz.

Los dirigentes sociales que recibieron recursos públicos en sus cuentas particulares, tuvieron que devolver o descargar cada monto asignado por proyecto, pero 86 casos quedaron abiertos e involucraron a militantes masistas como Julia Ramos, Felipa Huanca o Rodolfo Machaca, así como a los exaliados del “Pacto de Unidad” Damián Condori, Adolfo Chávez y Rafael Quispe, este último nombrado director del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena en el gobierno transitorio.

El dirigente de la CSUTCB, Joel Huarachi, Quispe y Aramayo fueron los primeros denunciantes de las irregularidades en el Fondioc. Nuevamente, Aramayo fue quien mayor carga penal arrastró.

NÚMEROS ABERRANTES

Aramayo pasó 56 veces por cárceles de siete departamentos en incontables audiencias / RRSS

En estos siete años de detención preventiva, el exdirector del Fondioc tuvo que asistir a incontables audiencias y pernoctar 56 veces en cárceles de Pando, Beni, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Tarija y La Paz. Según reseña el periodista Andrés Gómez, Aramayo compareció ante 84 jueces, 91 fiscales y 32 técnicos gubernamentales.

Durante el gobierno constitucional de transición, Aramayo esperó algún tipo de ayuda y así lo hizo conocer mediante una carta dirigida a la presidenta Jeanine Áñez.

“Los acontecimientos ocurridos entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre, que dieron paso a su gobierno de transición me devolvieron la fe y la esperanza. Sin embargo, 78 días después pareciera que nada pasó en este país, pero sigo esperanzado que su gobierno transitorio privilegie la verdad y la justicia”, escribió desde la cárcel de San Pedro. No obtuvo respuesta.

AL BORDE DE LA MUERTE

Aramayo fue internado en dos hospitales y su pronóstico es reservado / APG

El pasado 14 de abril, Marco Antonio Aramayo fue internado al Hospital de Clínicas con un cuadro de insuficiencia respiratoria, paro cardíaco y posterior daño neurológico. El fin de semana ingresó en coma diabético y fue derivado al Hospital Municipal de Cotahuma, tras una petición del alcalde Iván Arias.

“Nunca antes en el Estado republicano ni en el Estado plurinacional un ciudadano boliviano había cargado sobre sus espaldas más de dos centenas de procesos. No hay un precedente que se asemeje al caso de Aramayo. Pasará a la historia como la peor aberración jurídica”, expresó el burgomaestre de La Paz.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) de Amparo Carvajal, denunció que la vida de Aramayo estuvo en riesgo por la deficiente burocracia en el sistema de salud.

“No había ni siquiera papel para hacerle el electrocardiograma y no le brindaron cobertura del SUS por ser privado de libertad”, denunció la entidad.

Uno de sus abogados, que dejó el caso por la exagerada carga sobre un solo ciudadano, Eusebio Vera, en palabras a ANF apuntó al MAS y a Evo Morales como los ejecutores de esta tortura judicial.

“Un hombre valiente, perseverante, un hombre que no quiso someterse a los designios del partido de ese momento es que le fabricaron y armaron procesos en su contra. Marco Antonio Aramayo es víctima del gobierno masista de Evo Morales y de la justicia boliviana que se ve sometida en un momento de crisis profunda”, declaró.

VAN DOS SENTENCIAS

A Aramayo le dieron sus dos primeras sentencias para cumplirlas en Tarija y Santa Cruz / EL DEBER

La Contraloría apunta a un presunto daño económico al Estado por Bs 71 millones en la gestión de Aramayo.

En mayo de 2017, la Fiscalía de Tarija informó sobre la sentencia de cinco años contra Aramayo por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. El Tribunal Tercero de Sentencia también dictó cárcel mediante procedimiento abreviado a Pablo Cruz Soliz, Osvaldo Tórrez Martínez y Willam Castillo por el incumplimiento de contrato en el proyecto “Fesitar” por cerca de Bs 1 millón.

La segunda sentencia dictada en contra de Aramayo se dictó en noviembre de 2021, con tres años por incumplimiento de deberes, junto a Adolfo Chávez, Elvira Parra, Daniel Zapata por incumplimiento de contratos en un proyecto del Fondioc en Santa Cruz.

Algunos datos de los montos desembolsado en cuentas particulares de la diligencia del "Pacto de Unidad" / INFOGRAFÍA PÁGINA SIETE

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