La Policía Boliviana, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó entre el lunes y martes una serie de operativos de alto impacto en el norte del departamento de Potosí, como parte de las investigaciones por la muerte de cuatro policías y un civil durante los bloqueos violentos protagonizados por seguidores del expresidente Evo Morales. La protesta tuvo lugar entre el 7 y 17 de junio en varias regiones del país.
Los allanamientos, realizados en al menos diez domicilios en Llallagua, Catavi y Uncía, culminaron con la aprehensión de cinco personas, entre ellas Jorge Galo Chiri, identificado por las autoridades como presunto francotirador, y su hermano Samuel Jorge Chiri. En el domicilio de Chiri, ubicado en Sakamarka, una comunidad indígena cerca de Llallagua, se hallaron municiones de guerra, material explosivo, dinero en efectivo y documentación relacionada con grupos radicales.
“El armamento encontrado incluye proyectiles de calibre 7.65 milímetros y 9 milímetros, mecha lenta, detonadores, anfo y teléfonos celulares. También se incautaron de Bs 46.500 y documentación vinculada a cargos de autoridad indígena originaria”, informó el viceministro de Régimen Interior, general Johnny Aguilera, quien lideró el operativo desde Llallagua.
Los operativos se ejecutaron por un contingente de 330 efectivos pertenecientes a la DACI, FELCC de Oruro y Llallagua, CEIP, FELCN, DELTA y el Comando de Potosí. También se allanó la vivienda de Raúl Achacata Choquetupa, identificado como Quraq-Mallqu (el que manda) de la Federación de Ayllus Originarios del Norte de Potosí (FAOI-NP).
Según Aguilera, la acción responde a una investigación prolongada iniciada tras los hechos de violencia del 12 de junio, cuando tres policías fueron abatidos a tiros mientras se dirigían a Llallagua para reforzar la seguridad en medio de los bloqueos. En Cochabamba, otro policía murió tras la activación de un explosivo adherido a su cuerpo, y un civil también perdió la vida al manipular otro artefacto de forma errónea.
La Fiscalía Departamental de Potosí, por su parte, confirmó que las acciones fueron legales y coordinadas. “Se ha dispuesto la aprehensión de Galo Jorge Chiri luego de establecer, mediante entrevistas testificales, su presencia en el lugar de los hechos portando un arma de fuego”, señaló el fiscal Gonzalo Aparicio. Indicó también que se realizarán pruebas balísticas para determinar si el detenido accionó el arma que causó las muertes.
El Ministerio Público informó que 13 personas enfrentan procesos penales, y que cuatro adolescentes permanecen bajo custodia en el centro de acogida Nuevo Horizonte. La investigación se divide en dos causas: una por el asesinato de los efectivos, que fue trasladada a Oruro, y otra en Llallagua por los heridos y la destrucción de instalaciones policiales, incluyendo oficinas de la FELCV y el Comando Regional.
Aguilera calificó el caso como una acción político-criminal y aseguró que no se detendrán hasta capturar a todos los implicados, tanto autores materiales como intelectuales. “Las personas detenidas estaban en posesión de elementos que han sido utilizados para causar muerte. Vamos a seguir con los operativos”, afirmó.
Los hechos se produjeron en el marco de movilizaciones impulsadas por seguidores del expresidente Evo Morales, que durante dos semanas bloquearon carreteras para presionar por su habilitación como candidato presidencial, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó que la reelección solo está permitida por una vez de manera continua.
El presidente Luis Arce calificó las muertes como “crueles asesinatos” y aseguró que se hará justicia. El Gobierno boliviano ha presentado una denuncia penal contra Morales por ocho delitos, incluidos terrorismo y obstrucción del proceso electoral, que fue admitida por la Fiscalía.
Evo deslindó responsabilidad sobre estos casos y mantiene su exigencia para ser candidato.
- ///FUENTE: EL DEBER///
