En teoría, los mecanismos internacionales de derechos humanos deberían ser un refugio frente a la arbitrariedad de los Estados. Pero cuando esos mismos mecanismos se contaminan de ideología, terminan amplificando las injusticias que deberían remediar. Eso ocurrió en Bolivia con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar los hechos de 2019.
El GIEI-Bolivia nació con el propósito de esclarecer, con independencia y rigor técnico, las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el intento de fraude electoral y la renuncia de Evo Morales. El acuerdo fue firmado en diciembre de 2019 por el gobierno constitucional transitorio de Jeanine Añez y la CIDH, con la esperanza de que una investigación internacional ayudara a restaurar la confianza ciudadana y contribuir a la reconciliación.
Pero el resultado fue devastador. El informe del GIEI, publicado en agosto de 2021, se convirtió en una herramienta política que sirvió para justificar detenciones arbitrarias, persecuciones penales y la criminalización de la oposición democrática. Lejos de promover verdad y justicia, el documento terminó legitimando violaciones al debido proceso, en abierta contradicción con el derecho internacional.
El caso boliviano demuestra que las recomendaciones de organismos como la CIDH, aunque formalmente no sean vinculantes, pueden tener efectos jurídicos y políticos profundos. Cuando esas recomendaciones carecen de objetividad e imparcialidad, se transforman en armas que lesionan derechos fundamentales como la libertad personal, la presunción de inocencia y la independencia judicial.
El informe del GIEI atribuyó la violencia de 2019 casi exclusivamente al gobierno transitorio, ignorando el contexto de fraude electoral documentado por misiones técnicas de la OEA, la Unión Europea y la Iglesia Católica. También omitió las agresiones, torturas y quema de viviendas cometidas por grupos afines al Movimiento al Socialismo (MAS) antes de la renuncia de Morales. Al reducir la complejidad de los hechos a una narrativa de “represión estatal”, el GIEI distorsionó la historia reciente y legitimó una nueva ola de persecución política.
El mandato del GIEI, según el acuerdo con el Estado boliviano, era estrictamente técnico y no tenía carácter jurisdiccional. No podía formular acusaciones ni asumir funciones de fiscalía. Sin embargo, su informe fue tratado como una sentencia moral. Los tribunales bolivianos lo usaron como justificación para encarcelar a líderes cívicos y autoridades constitucionales, entre ellos Añez, Camacho y Pumari, sin garantías judiciales y bajo presiones políticas.
Estas prácticas contravienen principios básicos del derecho internacional. El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe las detenciones arbitrarias. El artículo 14 consagra el derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente. Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reafirman las garantías judiciales y la protección efectiva. Nada de eso fue respetado.
La raíz del sesgo del GIEI puede rastrearse a los meses previos a su creación. En diciembre de 2019, la CIDH publicó un “informe preliminar” sobre Bolivia, dirigido por su entonces secretario ejecutivo, Paulo Abrão, un exviceministro de Justicia de Brasil cercano al Grupo de Puebla y a Evo Morales. Ese documento arbitrario calificó como “masacres” los hechos ocurridos durante el gobierno transitorio, sin investigación forense ni verificación de fuentes. Fue un criterio político disfrazado de informe técnico.
Abrão, cuya gestión fue posteriormente objetada por denuncias internas de acoso y manipulación administrativa dentro de la CIDH, impuso un enfoque ideologizado que contaminó la independencia del sistema interamericano. Su informe preliminar se convirtió en la base del trabajo del GIEI, que reprodujo la misma narrativa y excluyó sistemáticamente voces disidentes y testimonios que no encajaban en su relato.
Incluso participaron actores abiertamente vinculados al MAS, como la activista Catherine Ledebur, directora de una ONG que asesora a las federaciones cocaleras del Chapare. Su influencia acompañando a los expertos del GIEI comprometió aún más la credibilidad del proceso.
Frente a esa versión parcializada, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), institución histórica en la defensa de los derechos fundamentales, presentó un informe donde afirmó que la crisis de 2019 tuvo su origen en un fraude electoral masivo, no en un “golpe de Estado”. Las protestas fueron, según la APDHB, una expresión legítima de resistencia democrática frente a la ruptura del orden constitucional. También documentó violaciones cometidas por grupos de choque oficialistas antes de la renuncia de Morales, hechos que el GIEI optó por ignorar. La divergencia entre ambos informes revela una fractura más profunda: la distancia entre una visión internacional capturada por agendas ideológicas y la experiencia directa de las víctimas dentro del país.
La instrumentalización política del informe del GIEI ha afectado la credibilidad del propio sistema interamericano. Cuando la CIDH permite que sus misiones de expertos se vean influenciadas por intereses partidarios o afinidades ideológicas, se vulnera el principio esencial de imparcialidad y se pone en riesgo la confianza de las víctimas en los mecanismos internacionales.
Ningún informe de derechos humanos, por más bien intencionado que sea, puede sustituir el rigor jurídico ni la neutralidad ética. Cuando la justicia internacional se convierte en política exterior ideológica, las víctimas pierden dos veces: primero ante los abusos del poder nacional, y luego ante el silencio o la complicidad de quienes debían protegerlas.
La CIDH tiene la obligación de velar por la veracidad jurídica y el equilibrio de sus informes. Solo así podrá conservar su legitimidad y autoridad moral. No se puede repetir en la región la actuación maniqueísta que tuvo la Comisión y el GIEI en Bolivia, quienes ignoraron el fraude electoral de 2019, a pesar de haber sido certificado por la propia OEA, y las situaciones dramáticas que vivió el país con la gesta heroica de las protestas masivas y pacíficas de las “pititas” y la renuncia y fuga de Evo Morales, luego de desatar la violencia en Bolivia.
- Jaime Aparicio Otero
- Diplomático. ExEmbajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA)
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