La muerte de Aramayo por indefensión judicial de los Derechos Humanos

ANGÉLICA SILES

La Constitución Política del Estado en sus Artículos 114 I.” Queda prohibida toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral. Las servidoras públicas y los servidores públicos o las autoridades públicas que las apliquen, instiguen o consientan, serán destituidas y destituidos, sin perjuicio de las sanciones determinadas por la ley”, no se cumplió el Artículo 115.II.” referente al debido proceso y el Artículo 116.I.” la presunción de inocencia.

Marco Antonio Aramayo, nombrado como Director del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígena Originario y Comunidades Campesinas, por Luis Arce Ministro de Economía, denunció actos de corrupción el año 2013, por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, apuntando a la Ministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, como Presidenta del Directorio del FONDIOC, la primera denuncia fue que aprobó Bs.575 millones en la campaña electoral de 2014, la dirigenta Juanita Ancieta (hoy gobernadora de Cochabamba) realizo pedidos personales para obtener recursos destinados a la posesión de Morales en Tiwanaku, nunca se garantizó el debido proceso y la presunción de inocencia de Aramayo cuando denunció el desfalco de 170 Millones de dólares, por los dirigentes del PACTO DE UNIDAD, cuando alertó el mayor escándalo del régimen de Morales Ayma, ahí comenzó, su tortura judicial y el poder político.

Según D.S. 28571 de  2005 el Directorio estaba compuesto por la Ministra Achacollo, Luis Arce, otros 3 ministerios y  los “dirigentes del Pacto de Unidad”. la Fiscalía en base a informes de la Contraloría, abrió 153 proyectos que NO FUERON EJECUTADOS, o presentaron desembolsos irregulares entre 2010 y 2014, los “dirigentes del Pacto de Unidad recibieron recursos del Estado en SUS CUENTAS PARTICULARES autorizados por Luis Arce cuando era Ministro de Economía, y 86 casos que recibieron recursos como Julia Ramos, Felipa Huanca, Adolfo Machaca, Damián Condori, Rafael Quispe y otros que suman 400 implicados disfrutando nuestro dinero.

Al Ejecutivo, no le gusto que un masista se rebele y DENUNCIE CORRUPCION, le dieron muerte civil en los medios, el Judicial sometido al poder público, obedeció alargando e inventando procesos judiciales para tenerlo preso amedrentándolo a él y su familia para que se retracte y la Policía con torturas físicas golpeándolo, viajo esposado, tortura biológica privándolo de alimentos, agua y medicamentos durante horas y tortura psicológica con amenazas, extorsiones, insultos y humillaciones y “obligándole viajar enfermo de Covid 19”, con detención preventiva durante 7 años.

El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) apuntó al Aparato Judicial NUNCA han iniciado siquiera una debida investigación sobre las numerosas irregularidades del caso Fondo Indígena”, `exculpando de culpa a los verdaderos “dirigentes” que se apropiaron de recursos del Estado y en enero de 2015 cuando  fue aprehendido en la cárcel de Cobija en calidad de detenido preventivo, empezó con 1 juicio, crearon 86 procesos, con 27 cautelares, tuvo que asistir a incontrolables audiencias y pernoctar 56 veces en cárceles de todo Bolivia, declaraba Aramayo en 2019. El 14 de abril, Marco Antonio Aramayo fue internado al Hospital de Clínicas con un cuadro de insuficiencia respiratoria, paro cardíaco y posterior daño neurológico «No había ni siquiera papel para hacerle el electrocardiograma y no le brindaron cobertura del SUS por ser privado de libertad», el fin de semana ingresó en coma diabético y fue derivado al Hospital Municipal de Cotahuma donde falleció.

El Directorio conformado por 5 Ministerios con voz y voto tienen responsabilidades, conjuntamente con los representantes del “PACTO DE UNIDAD”, lamentablemente las AUTORIDADES y algunos dirigentes procesados fueron beneficiados con medidas sustitutivas o luego de permanecer poco tiempo en prisión preventiva, hoy fungen de autoridades y algunos de embajadores en completa impunidad, EXIGIMOS al gobierno  recuperar los dineros del pueblo porque las deudas al Estado NO PRESCRIBE y castigo ejemplar.

ANGÉLICA SILES PARRADO

Abogada, ex Asambleísta Constituyente de Bolivia

*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21