ERICK FAJARDO
En una Corte de Circuito del Condado de Fairfax, a quince minutos de Washington DC, se ventila uno de los juicios más importantes de la década: La demanda y contrademanda por difamación y violencia doméstica entre el actor Johnny Depp y su exesposa Amber Heard, aunque la trascendencia del litigio yace en que constituye un alegato apelatorio que busca revisar el fallo previo contra Depp dictado en otra inédita jurisdicción: La del Supremo Tribunal de los Estudios Disney.
Entre 2017 y 2018 la corporación Disney reveló ser otro eslabón de un subrepticio sistema judicial paralelo que superpone de facto su competencia a la de las cortes del sistema americano; un juzgado sumariante que sin mediar presunción de inocencia, audiencia o descargo adjudicó la culpabilidad de Depp en las alegaciones de su exesposa, sentenciándolo y ejecutando su propio veredicto de despojar con ignominia al actor del icónico rol del capitán Jack Sparrow y así terminar su carrera cinematográfica.
El exceso de Disney desató una reacción en cadena en Hollywood y, en otra decisión parajudicial casi simultánea, los estudios Warner Brothers decidieron sumarialmente cancelar otro rol icónico del actor: el de Gellert Grindelwald de la franquicia precuela de Harry Potter, Bestias Fantásticas.
La inédita decisión fue además un precedente de lo que acontecería en enero 2021, cuando los zares de las redes sociales Jack Dorsey y Mark Zuckerberg decidieron prescindir del debido proceso y con un fallo administrativo censuraron y suspendieron los derechos civiles del cuadragésimo quinto Presidente de los Estados Unidos.
Conforme el proceso Depp-Heard avanza, queda claro que se trata de un alegato moral contra ese sistema judicial paralelo – y no su demanda por difamación en sí – lo que el actor trajo al juicio público. Detrás de una aparente acción para resarcir su honra Depp llevó su alegato a la capital de los EEUU extrayendo la causa de su jurisdicción natural en el estado de California, donde la influencia política de Disney y las elites culturales del Hollywood pudo provocar un desenlace diferente.
Fue una movida tan intrépida y osada como un desembarco pirata en Port Royal o Cartagena de Indias, sólo que esta vez no es Davy Jones que viene a por su ex consorte, sino Depp en pos de una de las casas reales de la elite cultural liberal y ese sistema parajudicial que patrulla la conformidad con la corrección política. Esa es la real trascendencia de esta demanda.
Porque la decisión de la corte de Fairfax poco o nada resarcirá una carrera eclipsada no por las sindicaciones de Heard o sus libelos infamatorios, sino por la decisión parajudicial de Disney de cesarlo a partir del criterio discrecional de sus ejecutivos sobre lo que aconteció entre la expareja. Así lo testificó en el juicio Christian Carines, ex agente artístico, a quien el productor Jerry Bruckheimer diría que Disney terminó al actor y canceló la franquicia Piratas del Caribe sobre las alegaciones de la actriz.
Está además claro que no se trató sólo de Depp sino que existe una política corporativa sobre arrogarse las competencias de la justicia y dictar sentencias extrajudiciales en este tipo de casos. El Huffington Post reportó que otra exitosa franquicia FX – Guardianes de la Galaxia – defiende a su estelar Chris Pratt de señalamientos de activistas Wokeness que demandan que Disney lo aleje de interpretar a Peter Quill, capitán del Milano. Los cargos: Opiniones políticamente incorrectas.
El director de esa franquicia, James Gunn, ha cerrado filas en respaldo de Pratt, tal cual al principio hicieran los directores Gore Verbinsky y David Yates con Depp, aunque para finalmente ceder a la presión de la tenaza corporativo-sindical de la Gleichschaltung o unidimensionalización totalitaria que opera dentro de la industria cultural.
El sentido de complejidad que ha desatado esta demanda es innegable. Depp no subió al estrado a su ex sino a esa industria cultural que vigila, censura y cesa a políticos y actores arrogándose la potestad de la justicia. Este juicio no es sobre la inocencia de Depp o la culpabilidad de Heard, sino un alegato en pro de que las corporaciones de la industria cultural paren de arrogarse las competencias del Poder Judicial.
Hay un clima de subversión social en red contra que corporaciones de la media, sean estas Disney, Twitter o Facebook, regulen qué debemos pensar y privarnos del derecho al trabajo por no ajustarnos al monólogo de corrección política que buscan imponer como cultura oficial.
El alegato de Depp contra Disney nos lleva a una interrogante filosófica fundamental nunca mejor planteada que en un tuit al azar: “¿Para qué diablos América se molestó en hacer una revolución independentista estableciendo separación de poderes y cortes independientes si va a conceder a los pinches Mickey Mouse y Bugs Bunny el privilegio de pronunciarse sumariamente sobre la libertad de expresión y el derecho al trabajo?”.
ERICK FAJARDO POZO
Master en Comunicación Política y Gobernanza por la GWU de EEUU
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21