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El Gobierno ahora tiene plazos más holgados para el próximo censo. El nuevo cronograma apunta a 2024, tal como lo estableció el Decreto 4760, y ha previsto 14 meses para el procesamiento de la información que se obtenga el día de la encuesta nacional. El plazo es mayor a los ocho meses que se emplearon tras el último operativo que se ejecutó el 21 de noviembre de 2012.
La agenda de actividades, 700, según el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, se reveló en las sesiones de “socialización” que promueve el Instituto Nacional de Estadística (INE). Allí también se muestran los avances de la actualización cartográfica, que es la primera tarea de campo orientada a definir la cantidad de viviendas que hay en un manzano o en una comunidad. Según el último reporte del INE, a inicios de este mes se superó el 28% de los registros.
“En su cronograma, el INE señala que se demorarán 14 meses en entregar los resultados finales”, informó el economista Teófilo Caballero, quien es parte de la Comisión técnica del Comité que impulsa el censo y que propuso un calendario técnico para realizar la gran encuesta en junio de 2023.
Caballero también es parte de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y ha seguido de cerca los últimos dos censos de población que se realizaron en el país. “En el censo de 2001, con ausencia de los adelantos tecnológicos que hoy están a disposición, el INE se demoró 10 meses”, dijo.
El académico cuenta con los registros estadísticos que muestran que ese año se hicieron entregas mensuales por departamento, antes de que se conozca la cifra nacional de población. “En el censo de 2012 se demoraron ocho meses en entregar los resultados oficiales y, ahora, en la era digital han previsto más de un año para ese proceso”, remarcó el economista.
No obstante, ese operativo censal fue deficiente, según lo reconoció el propio Gobierno. Hace 10 años muchos barrios y áreas rurales quedaron fuera de la base de datos y el error censal fue elevado. Por eso demoraron hasta dos años en la corrección y la oficialización de la información. “Fue el peor censo de la historia”, afirmó Vargas, quien fue parte del INE antes de ese verificativo.
Juan Sabino Quisberth, director del Instituto en Santa Cruz, también admitió errores durante el censo de 2012, pero por efecto de omisiones en la actualización cartográfica. Esto ocasionó que decenas de hogares no fuesen contados durante ese proceso. Quisberth fue técnico del INE durante el proceso estadístico de 2001 y de 2012.
Considerando esas experiencias, la propuesta de ‘la Gabriel’ para un censo “oportuno y transparente en 2023”estableció un plazo posible de hasta 180 días para el procesamiento y validación de la información que se obtenga en la gran encuesta nacional. Esto, de acuerdo con Melvy Vargas, la especialista en demografía que presentó la propuesta de la Universidad, se puede hacer con la tecnología digital de captura de datos de la que ya dispone el INE. Citó, por ejemplo, la lectura óptica de código de barras, entre otras.
Si se acepta este plan técnico, los resultados del censo pueden conocerse hasta marzo de 2024. “Pero los datos preliminares pueden estar saliendo en tres meses y los documentos temáticos se pueden demorar, porque ese es un análisis sobre la parte de empleo, fecundidad, migración son trabajos que requieren más tiempo y mayor análisis en profundidad de a información”, afirmó Melvy Vargas.
Los datos de población son urgentes para la actualización del pacto fiscal, la herramienta establecida en la Ley de Autonomías que activa la coparticipación, es decir, de los ingresos por tributos.
Una parte de esos recursos que recauda el Servicio de Impuestos se distribuyen a municipios y universidades del país. Según las proyecciones del INE, el departamento de Santa Cruz superará, a fines de este año, los 3,4 millones de habitantes y concentrará cerca del 30% de la población nacional que, según estas estimaciones, será de 12 millones de habitantes. Con la nueva realidad demográfica, Santa Cruz será una de las regiones que recibirá más recursos.
El dato de población también es clave para la asignación de representantes regionales en el Legislativo. Se prevé que Santa Cruz sume al menos tres diputados, pero otros departamentos perderán esos escaños porque hubo migración de sus pobladores. Así lo reconoció, por ejemplo, el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, cuya región es una de las zonas que ya sufrió reducción de sus asignaciones y escaños, tras el censo de 2012.
Caballero hizo notar que, de acuerdo con la programación del INE, los resultados del censo se comenzarán a conocer en agosto de 2025 “y eso es a dos meses de las elecciones nacionales”. Este factor forma parte del análisis que le dio sustento a la propuesta de la Universidad para que el INE y el Gobierno adelanten el censo.
La semana pasada, el portavoz de la Presidencia, Jorge Richter, señaló que el Gobierno no halló sustento técnico en la propuesta de ‘la Gabriel’ y señaló que se pidió que la misma sea explicada en una reunión técnica que se desarrollará en La Paz el 11 de octubre.
Afirmó que sin este sustento, el pedido de adelantar el censo sería “un capricho” con el riesgo de un censo mal hecho. Ante este escenario, el Comité Interinstitucional del Censo declinó su participación. El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, afirmó que luego de tres meses de intentar un diálogo con el Gobierno ahora existe “un mandato” para exigir la anulación del Decreto 4760.
De hecho, el cabildo del 30 de septiembre aprobó una resolución que exige al Gobierno anular esa norma antes del 22 de octubre. Si esto no sucede, la región ingresará en un paro indefinido.
Vargas afirmó que el Gobierno está “desinformando” cuando cuestiona “las dos hojitas” de la propuesta de Santa Cruz para el censo en 2023. Aclaró que esas dos páginas son la muestra gráfica de un análisis técnico y legal de los plazos posibles y los que propuso el Gobierno para el censo.
Señaló que existen tiempos muy extendidos que se podrían acortar con criterios técnicos y un uso eficiente de la tecnología y con “voluntad política”.
Richter dijo que se hicieron ajustes para reducir los tiempos de las etapas. La idea es, aseguró, desarrollar un censo de calidad.
//FUENTE: EL DEBER//