El dirigente del sindicato Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) Juan Grabois fue detenido ayer durante una acción de toma de la sede del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en Buenos Aires, para protestar contra su cierre, el despido de sus empleados y la venta del edificio en medio de la ola de recortes impulsada por el presidente Javier Milei.
Un centenar de manifestantes fueron desalojados dos horas después de irrumpir en el lugar por efectivo de la policía federal y fuerzas de la ciudad que protagonizaron forcejeos y empujones.
«Detuvieron ilegalmente a Juan Grabois sin orden judicial mientras defendía el Instituto Perón-Evita en Recoleta, frente al intento de desalojo del Min. de Capital Humano. Convocamos a movilizarnos YA a la comisaría en Madariaga 6976 para exigir su liberación», ha publicado el sindicato de Grabois en su cuenta en X.
Antes del desalojo, Grabois había anunciado en asamblea que la ocupación se prolongaría por tiempo indeterminado en protesta por los despidos y como «medida preventiva» frente a una posible venta del edificio, que es patrimonio histórico de la ciudad.
La detención fue de común acuerdo para evitar la «represión», según fuentes citadas por el diario ‘La Nación’ en el lugar, pero aun así hubo forcejeos y golpes entre policías y manifestantes que intentaron evitar el arresto. Los agentes emplearon gas pimienta.
El Ministerio de Capital Humano del Gobierno federal había argumentado que con sus 20 empleados, el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos y denunciaba que la totalidad de su presupuesto era destinado al pago de salarios y que no se había realizado ninguna investigación.
«La PFA actuó con firmeza y eficacia. El desalojo fue un éxito», celebró en X la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. «Recuperamos un edificio tomado por militantes que se creían dueños del Estado. Se terminó el vale todo. Estamos haciendo lo que ningún gobierno hizo: detener al piquetero que promueve y ejecuta las usurpaciones», añadió.
El dirigente, acusado de beneficiarse con sumas millonarias de dinero público durante los gobiernos K, llegó a Bolivia el 2019 para apoyar a Evo Morales y reforzar la narrativa del supuesto golpe de Estado.
A través de sus redes sociales, Morales condenó la aprehensión de su allegado y pidió su inmediata liberación, dijo que es un referente latinoamericano defensor de “las causas más nobles”.
