¿Puede un general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) exigir el pago de su jubilación y su cesantía si debe un avión, el tren de aterrizaje de otra aeronave y un vehículo? Es la pregunta que resulta del caso de un militar de la gestión del expresidente Evo Morales, cuya situación legal será decidida por la Contraloría General del Estado, luego de analizar los antecedentes administrativos.
En 2020, al final de los 35 años de servicio, con el grado de general de brigada de la FAB, Julio Cesar Villarroel Camacho inició los trámites para el pago de su jubilación y su cesantía. Sin embargo, Transporte Aéreo Militar (TAM), firma de la cual fue gerente por cuatro años, le respondió que, luego de una revisión en sus archivos, no le podían extender el “certificado de solvencia” que solicitaba, papel que es requisito indispensable para cobrar el derecho laboral.
La respuesta que recibió lo sorprendió, el TAM le contestó que para exigir ese certificado primero debía saldar las tres deudas que tenía con esa institución.
El “certificado de solvencia” que el TAM se negó a emitir en seis oportunidades en favor de Villarroel se trata del requisito para que se autorice el pago de la cesantía. El Estado solicita el documento para verificar que el exfuncionario militar no tiene deudas pendientes con el país.
El general presentó seis memoriales solicitando esa certificación entre el 2 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2022. En el caso de Villarroel, el beneficio de la cesantía podría alcanzar al medio millón de bolivianos.
Amparo
Ante las negativas del TAM, el general presentó un amparo constitucional en mayo de 2022. El argumento del militar era que la empresa estatal vulneró su “derecho a la petición, una vejez digna y al debido proceso”, según se señala en el documento al que Visión 360 tuvo acceso.
“Pese a los procesos administrativos que el general Villarroel sabía que tenía pendientes, este presentó un amparo constitucional, afirmando que se le estaban vulnerando sus derechos al pago de sus beneficios sociales en calidad de jubilado. Lo irónico y anecdótico es que el TCP, además de negar su pedido, le responde con claridad que el TAM no está obligado a extender un certificado de solvencia, hasta que él regularice la entrega de un avión BAE 146 que tiene la matrícula FAB 108, repuestos para el tren de aterrizaje de otra aeronave (con matrícula CP – 3106) y devuelva un vehículo que le entregó Dircabi en 2014”, explicó a este medio el abogado Ramiro Cabrera.
El jurista cuestiona el hecho de que el Ministerio de Defensa y el propio TAM no hayan iniciado procesos penales contra Villarroel y todos los involucrados. Esto pese a la gran cantidad de pruebas, citadas en el amparo constitucional que ahora los respalda jurídicamente.
La primera instancia que rechazó el amparo presentado por Villarroel fue la Sala Constitucional Primera de La Paz, posteriormente esa resolución fue remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para su revisión. El 26 de julio de 2023, la Sala Segunda a cargo del magistrado Carlos Alberto Calderón emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0714/2023, por medio de la cual se determinó “confirmar” el primer fallo y “negar la tutela” del supuesto derecho vulnerado al militar.
TAMep
Villarroel fue gerente del TAM entre 2014 y 2015, y volvió a dirigir la entidad entre 2016 y 2018, cuando esta fue “refundada” anteponiendo a su sigla “EP”, por empresa pública. Más adelante, la refundada firma también dejaría de operar por varios años.
Se debe detallar que, en mayo de 2024, el actual ministro de Defensa, Edmundo Novillo “reactivó” la firma y cambio su denominativo de EP – TAM a TAMep.
Las operaciones de la aerolínea también son cuestionadas, debido a los 28 millones de bolivianos de déficit que representan una “quiebra técnica”, según el economista Julio Linares, basado en datos del Ministerio de Economía de 2024.
Tres deudas
En contacto con Visión 360, el abogado Raúl Salas, defensa del general Villarroel, explicó que su cliente ya logró tramitar su jubilación, pero ahora busca cobrar el bono de cesantía, que asegura no es igual al aporte que se da a la Gestora, sino que es una acumulación de cuotas de carácter particular que hacen los militares. No obstante, para lograr ese segundo beneficio, que es el pago del total acumulado, debe contar con el certificado de solvencia.
Con base en la normativa laboral y la Constitución Política del Estado (CPE), el general sí puede exigir el pago de sus beneficios laborales, como la renta por jubilación, por ser estos derechos “inembargables e imprescriptibles”.
No obstante, en criterio del abogado Cabrera, en el Gobierno de Morales se emitieron normas sobre ciertos requisitos que todo militar debe cumplir. Por ejemplo, el parágrafo II del Capítulo I de la Resolución Ministerial Nº 003 del 15 de diciembre de 2016, emitida por los ministerios de Defensa y de Economía, señala en el inciso h, que los militares “que hubiesen participado directa o indirectamente del uso indebido de los recursos del Estado”, no están calificados para lograr que se les pague la renta de cada mes con el 100% de su salario al momento de la jubilación, un beneficio del que goza el sector de las Fuerzas Armadas (FFAA).
Según Cabrera, lo explicado en la sentencia constitucional y la versión de la actual gerencia del TAMep, no se pretende coartar el derecho a la jubilación de Villarroel, sino que el proceso está orientado a la imposibilidad de cumplir con la entrega de un certificado de solvencia, ya que el militar sí tiene cuentas pendientes con la institución y de emitir ese documento los actuales directivos de la aerolínea serían responsables del daño económico que presuntamente se generó.
Cargos pendientes
El primer cargo de cuenta pendiente de Villarroel es por el proceso irregular en la compra y no entrega del avión BAE 146, pendiente desde 2012 cuando él tenía un cargo inferior en el TAM. Dicho avión actualmente aún figura con la matrícula FAB 108, “aeronave que se encuentra arqueada en Inglaterra”, señala la SCP 0714/2023.
El segundo cargo de cuenta que Villarroel tiene pendiente, según el informe del TAM presentado ante el amparo, es por las irregularidades en la adquisición de los repuestos del tren de aterrizaje de la aeronave AVRO 146 RJ70, con matrícula CP 3106. Finalmente, el general de brigada también tendría pendiente la devolución de una “movilidad Toyota con placa 1873-ETG”, que le fue entregada en 2014 por la Dirección General de Registro Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).
En entrevista con Visión 360, el actual gerente del TAMep, coronel Daniel Saravia, confirmó los tres cargos de cuenta que Villarroel tendrían pendientes con la institución.
“De acuerdo a los registros de la empresa no se ha emitido ningún certificado de solvencia. El general Villarroel, exgerente de la empresa está inmerso en algunos procesos irregulares que han generado un daño económico a la empresa y al Estado. Hasta que se esclarezca la presunta responsabilidad del funcionario, nosotros, cuidando y velando por el patrimonio de la empresa y del Estado nos vemos en la obligación de no emitir el certificado de solvencia”, explicó Saravia.
Contraloría
Asimismo, el gerente de TAMep informó que este año se entregó a la Contraloría el informe sobre las irregularidades por la compra del FAB 108, esa instancia debe emitir una resolución para determinar quienes son los responsables y las medidas jurídicas a asumir, debido a que dicha aeronave no puede ser recuperada y supuestamente está varios años “almacenada” en Inglaterra.
“Sobre los trenes de aterrizaje para la aeronave (CP – 3106) también se han detectado irregularidades en el proceso de la compra, y a la empresa (TAMep) nos llegó requerimientos de auditoría por parte del Ministerio de Defensa. Con referencia a la movilidad, esta fue entregada (por Dircabi) al general Villarroel, a título personal (en 2014), él debió devolver (el motorizado) en las mismas condiciones, como no fue así, hasta que se resuelva esa irregularidad continúa observado”, aseveró Saravia.
El gerente de la aerolínea pidió no dar la cifra total del posible daño económico generado a la empresa y el Estado por el avión FAB 108, hasta conocer el informe de la Contraloría, el mismo que podría definir la responsabilidad civil y penal no solo de Villarroel, sino de otros exfuncionarios militares involucrados en diferentes niveles en el proceso irregular de compra. Precisó que, en el caso del avión con matrícula CP – 3106, el mismo está operando.
Contraparte
Visión 360 buscó la versión del general Villarroel, quien pidió dar su contraparte “con documentos”, por lo que se prevé una segunda publicación sobre el tema con la explicación del directo involucrado.
No obstante, quien adelantó parte de la defensa del militar jubilado fue el abogado Salas, quien calificó las acusaciones contra su cliente como acciones de “mala fe” por parte de los actuales funcionarios de la TAMep.
Sobre el avión FAB 108, Salas aseguró que existe una resolución firmada por el directorio del TAMep, en el que se determina que la aeronave debe permanecer en Inglaterra, aunque no se conoce las razones para asumir esa determinación. Recordemos que el presidente del directorio del TAMep es el ministro de Defensa.
En relación a los repuestos del tren de aterrizaje del CP – 3106, el jurista asegura que ya existe una resolución de rechazo emitida por el Ministerio de Defensa. Asimismo, en el caso del motorizado de Dircabi, afirmó que el general Villarroel entregó el motorizado y otro funcionario sería el responsable por la falta de mantenimiento.
Sin embargo, el texto de la SCP 0714/2023, revela que en el caso del avión CP – 3106, si bien existe una “resolución administrativa” de rechazo, emitida por el Ministerio de Defensa, se especifica que aún se debe definir la “responsabilidad civil y penal”. Finalmente, en relación a motorizado de Dircabi, la sentencia detalla que el mismo fue devuelto en la ciudad de Sucre, el 2016, pero se desconoce su estado y quién lo tiene en custodia hasta la fecha.
