La Fundación Construir reveló que la administración de justicia continúa sumida en una crisis estructural marcada por la falta de recursos, la mora procesal y la débil independencia judicial.
El Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2024 en su capítulo 4 sostiene que el Estado ha incumplido reiteradamente su deber de garantizar las condiciones mínimas para un acceso real y equitativo a la justicia.
El estudio señala que durante 2024 el conjunto de instituciones del sistema judicial —incluyendo el Órgano Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Consejo de la Magistratura y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep) — recibió apenas el 0,46% del presupuesto general del Estado, equivalente a 1.551 millones de bolivianos. Este monto, según la Fundación, resulta “insuficiente para sostener un servicio esencial en un Estado de Derecho” y contrasta con el incremento presupuestario otorgado a otras áreas gubernamentales.
Para 2025, la situación se agrava: el presupuesto del sector justicia sufrió una reducción de 11,8 millones de bolivianos, lo que —según el informe— refleja la falta de voluntad política para fortalecer una de las instituciones más cuestionadas del país. La Fundación advierte que esta política restrictiva “perpetúa la dependencia del Órgano Judicial respecto del Ejecutivo, debilitando su autonomía e independencia funcional”.
El capítulo subraya que la precariedad financiera se traduce en deficiencias estructurales: falta de personal capacitado, infraestructura obsoleta y una cobertura judicial desigual. En 2024, Bolivia contaba con 1.292 juzgados y tribunales en todo el país, atendidos por 1.196 jueces y juezas, de los cuales apenas un número reducido accedió mediante procesos institucionalizados. Persisten, además, seis acefalías judiciales que afectan la atención de causas en varios departamentos.
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