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La situación judicial del presidente peruano, Pedro Castillo, está complicándose cada vez más. Su figura agoniza con la acusación constitucional presentada por la Fiscalía en su contra por liderar la “mafia chotana”, una presunta organización criminal integrada por sus asesores, ministros, congresistas y familiares para copar, controlar y dirigir las licitaciones estatales con el fin de obtener ganancias ilícitas.
Chota es la provincia natal de Castillo. Ahí residen sus padres -en el sector Cajamarca de Tacabamba- y sufraga el mandatario, quien se construyó un helipuerto informal en abril, en los terrenos de la casa de sus progenitores.
La titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, asegura que hay indicios de la participación de Castillo en la «mafia chotana», como cabecilla de esta red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Según la alta funcionaria, «la red está enquistada en el Gobierno” y está dispuesta a desmantelarla, con la querella presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
El primero en el país
Esta es la primera vez que la Fiscalía peruana consigna una denuncia constitucional contra un jefe de Estado. El recurso permitirá determinar si funcionarios que gozan de inmunidad -como el presidente o los congresistas- han cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, como abuso de autoridad o corrupción.
A la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso le corresponderá investigar lo relacionado con la «mafia chotana» y elaborar un informe para convocar posteriormente a Castillo a sus instancias. En la comparecencia estará la Fiscalía junto a peritos y testigos.
Después de ejercer su defensa, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales documentará su versión para someterla a votación en el pleno. Si la mitad más uno del número legal de congresistas (66 votos) aprueba el avance de la denuncia, la fiscal de la Nación tendría el aval del parlamento para presentar una demanda penal contra Castillo ante la Corte Suprema de Justicia.
El Comercio en su editorial señala que “La Fiscalía ha logrado acopiar evidencia importante sobre las actividades ilícitas del grupo, el mismo que era liderado por el presidente Castillo” tras mencionar las licitaciones que derivaron del Decreto de Urgencia 102 (Caso Anguía), las coordinaciones con congresistas de Acción Popular para nombrar personal de su confianza en entidades del Estado (Caso ‘Los Niños’) y los intentos del mandatario para desarticular el equipo especial de la policía.
Brazos con conexiones
El Ministerio Público identifica en sus pesquisas un brazo familiar que “coordinaba, gestionaba y viabilizaba el direccionamiento de procesos de contratación que se daban en diversas entidades del Estado” donde estarían la primera dama, Lilia Paredes, la cuñada presidencial Yenifer Paredes y los sobrinos de Castillo: Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.
A ellos se vincula un brazo ministerial de alto nivel –conformado por el prófugo Juan Silva, exministro de Transporte, Geiner Alvarado (exministro de Vivienda), Walter Ayala (exministro de Defensa, Hugo Chávez (expresidente de Petroperú) y Bruno Pacheco (exsecretario de Palacio).
Ambos extremos -el familiar y ministerial- operó junto a los seis asesores de Castillo que conforman el “gabinete en la sombra” compuesto por Biberto Castillo (exasesor del despacho presidencial), Salatiel Marrufo (exasesor del Ministerio de Vivienda), Eder Vitón (exasesor del gabinete técnico del mandatario) y los chotanos Alejandro Sánchez (dueño de la célebre casa del pasaje Sarratea) Abel Cabrera y Auner Vásquez (exasesor del Ministerio de Justicia)- a quienes el juez Víctor Zúñiga ordenó detener. Cinco ya están en prisión. Falta Sánchez.
Los testimonios de los colaboradores eficaces a lobbista Karelim López, así como los empresarios Zamir Villaverde y Hugo Espino Lucana, revelan gestiones de Castillo para proteger a Bruno Pacheco cuando estaba en la clandestinidad. A Pacheco, según ambos delatores, se le entregó dinero mientras estuvo prófugo para evitar que declarara y hasta se barajó tramitarle asilo político en Venezuela con el apoyo de Nicolás Maduro. Ahí no termina. El mandatario también habría ordenado desaparecer los celulares de sus edecanes ante el temor de ser intervenidos.
//FUENTE: PANAM POST//