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Llegaron a EL DIARIO documentos sobre despidos injustificados y reincorporaciones laborales de trabajadores que volvieron y algunos que deben volver a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.), después de varios años de proceso, a quienes se les debe pagar cientos de miles bolivianos, por sueldos devengados.
El primer informe del interventor Epsas, Jaime Gutiérrez, cuando reemplazó al exinterventor Bladimir Iraizos, señala que tienen procesos por reincorporación y pagos de beneficios sociales con sumas altas que en un solo caso llega a más de un millón de bolivianos, ya retenidos, por orden judicial.
“Se tienen casos de Bs 500.000, Bs 300.000, no obstante, esta situación por demás critica el Ing. Bladimir Iraizos continuó con las desvinculaciones sin la debida justificación generándose así nuevas demandas laborales y pago de beneficios sociales en contra de Epsas S.A., por otra parte se evidencia que existe una total falta de atención y un diligente patrocinio de los procesos laborales hasta la presente gestión 2023, ya que no se evidencia resultados favorables a la empresa”, señala el documento.
Asimismo, advierte falencias que derivarán en perjuicios para Epsas S.A., tomando en cuenta que están en curso 19 causas penales que datan de diferentes gestiones desde 2012, muchos de ellos con rechazo por falta de pruebas, negligencia de los abogados y el propio jefe jurídico.
“Toda esta negligencia del jefe jurídico que no dice o hace algo para mejorar con el trabajo legal, tal es así que inclusive se tiene una confusión o ambigüedad en relación a la naturaleza jurídica de Epsas, es decir no se tiene una definición al respecto, si es una empresa pública o privada”, se lee.
Trabajadores recientemente desvinculados de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.), lamentan que a la fecha ninguna autoridad del sector ponga un alto a las irregularidades y corrupción que se da en la firma, desde antes de la gestión de Bladimir Iraizos.
En visita a EL DIARIO, los extrabajadores de Epsas S.A., con documentos, videos y audios en mano, advirtieron que en la firma continúan las irregularidades que se daban en la gestión de Bladimir Iraizos, extremos que van en desmedro de todos los usuarios.
“Recientemente, fuimos despedidos por oponernos a instructivos que exigían modificar los criterios de evaluación de un proyecto para la gerencia técnica, por un monto de 19 millones de bolivianos. El interventor, Jaime Gutiérrez es soberbio, abusivo y anda convocando a todas las empresas contratistas para revisar sus contratos, todo esto en coordinación con el Gerente Administrativo Financiero (GAF) y un asesor que argumenta que fue enviado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), para controlar las actividades del nuevo interventor”, lamentó.