La propuesta de campaña electoral del entonces candidato vicepresidencial Edmand Lara, para eliminar la renta vitalicia para expresidentes y exvicepresidentes del Estado, no solo es una medida populista sino que aporta muy poco en la solución a la crisis económica del país.
De esa forma se calificó el reciente anuncio de Lara sobre un proyecto de ley destinado a eliminar ese «privilegio» para quienes, según el expolicía, «no aportan nada al Estado».
El consultor político Ricardo Paz, expuso los argumentos para mantener la renta vitalicia para quienes asumieron el mando constitucional del país entre 1982 y 2020.
«Un exmandatario con una fuente de ingresos estable, aunque moderada, es menos susceptible a la tentación de utilizar su influencia y conocimiento privilegiado del Estado para obtener beneficios económicos ilícitos. Al asegurar su subsistencia futura, se reduce el incentivo a buscar el enriquecimiento ilícito durante el mandato (es decir, «jubilarse con el cargo») o a capitalizar información sensible una vez fuera de él. La renta ayuda a mantener al exmandatario independiente de intereses económicos poderosos que podrían buscar «comprar» su apoyo o silencio en temas sensibles, garantizando un retiro con dignidad», detalló.
Paz Ballivián recordó que la base legal que sustenta la renta vitalicia se encuentra, principalmente, en la Ley N° 376 del 29 de junio de 2013, que en su Artículo Único modifica la Ley N° 2470. Esta normativa establece el derecho a una asignación mensual de por vida para quienes hayan ejercido los cargos de presidente o vicepresidente, cuyo monto es equivalente al sueldo de un legislador activo. Esta renta se concede en reconocimiento a la alta función desempeñada y a la necesidad de preservar la dignidad del cargo una vez concluido el mandato.
«La ley ya establece que la renta se suspende o extingue en caso de sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, especialmente los que afecten al patrimonio del Estado. Es crucial asegurar que esta cláusula se aplique sin excepción», añadió.
Para el consultor político, la propuesta de eliminación de la renta vitalicia, aunque popular en el discurso anti-privilegios, representa un riesgo significativo de degradación de la dignidad del cargo y un aumento del riesgo moral en la más alta esfera del poder político.
A su turno, el alcalde de La Paz, Iván Arias, explicó que este beneficio se aplica en casi todos los países de la región como una forma de agradecimiento a los servicios de quienes asumieron el mando de una nación.
«En otros países son senadores vitalicios, están en el Senado, son una especie de dirimidores de la Justicia. Porque si algo tenemos que tener orgullo es que esos presidentes entraron por el voto popular o producto de un proceso constitucional y no podemos ningunearlos”, dijo Arias.
El anular esta renta, explicó el también analista político, representaría un corte insignificante al presupuesto estatal, cuando el verdadero problema en el país es el millonario déficit fiscal y la desbordada burocracia estatal.
“En todas partes se valora de una manera digna a esas personas, lo otro es hacer politiquería. Hay cosas más importantes que hay que cortar. Hay que cortar un montón de empresas que no son rentables, hay que bajar la burocracia de 400 mil empleados, por ejemplo”, añadió.
Actualmente, los exmandatarios que se benecifian con una renta mensual de Bs 22 mil son los expresidentes Guido Vildoso, Jaime Paz, Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez, Evo Morales, así como los exvicepresidentes Victor Hugo Cárdenas y Álvaro García.
De Gonzalo Sánchez de Lozada no se tiene registro por los casos abiertos en su contra desde 2003, mientras Jeanine Áñez no fue beneficiada por las acciones del gobierno del MAS. Luis Arce y David Choquehuanca entrarían en la lista desde el próximo mes.
