En su lúcido ensayo “Abuso y posible limitación del gasto público”, Martín Krause advierte que detrás de casi todas las grandes crisis económicas de la historia hay una causa en común: una crisis fiscal. Esto quiere decir que el exceso de gasto estatal, el endeudamiento irresponsable y la pérdida del control monetario no son accidentes, sino consecuencias previsibles de sistemas políticos que incentivan el despilfarro, debilitan los controles republicanos y convierten el poder en un botín electoral.
En Bolivia, esta advertencia no es teoría: es lo que estamos viviendo, y este 2025, año del bicentenario de la independencia, nos encuentra con una economía estancada, un Estado hipertrofiado y una ciudadanía desmoralizada. El modelo que dominó la política fiscal boliviana en las últimas décadas ha seguido casi al pie de la letra el guion que Krause describe como camino seguro al abuso: populismo, déficit estructural, clientelismo, captura institucional y un gasto público sin freno ni evaluación.
Por todo ello, nuestro país ha vivido casi dos décadas marcadas por el uso político del presupuesto público. Se promovió una visión paternalista del Estado, capaz de “garantizar derechos” sin contrapartida productiva ni responsabilidad ciudadana. Se entregaron bonos sin revisar su impacto, se mantuvieron subsidios insostenibles (como al combustible, la electricidad y el transporte) y se siguen creando empresas estatales deficitarias, muchas de ellas duplicando funciones del sector privado o que simplemente no responden a demanda alguna.
Krause lo explica claramente: “El votante favorece el crecimiento del gasto público porque no le resulta evidente que tenga que pagarlo, salvo cuando ese gasto lo lleva a una catástrofe económica”. Esa es, precisamente, la situación actual: inflación reprimida, reservas internacionales en mínimos, fuga de capitales, caída de la inversión y presión fiscal creciente. El populismo económico dio frutos políticos… hasta que se agotó el dinero de los demás.
Y así demostramos tener casi todos los síntomas de un sistema fiscal abusivo:
- Déficit fiscal crónico: desde hace más de una década, el Estado no logra cerrar sus cuentas sin recurrir a mayor deuda externa, créditos o emisión monetaria. La disciplina fiscal ha sido reemplazada por ingeniería contable y manipulación de cifras oficiales.
- Erosión de la moneda: el Banco Central ha perdido su independencia. El tipo de cambio fijo, mantenido artificialmente, se ha convertido en una bomba de tiempo. La emisión para financiar al Tesoro es una forma de impuesto encubierto que castiga, sobre todo, a los más desfavorecidos.
- Endeudamiento irresponsable: el futuro de esta y nuevas generaciones está hipotecado mediante deuda en condiciones opacas, con tasas elevadas y plazos cortos. La deuda pública externa ya supera el 50 % del PIB, y muchos de esos recursos fueron destinados a obras sin rentabilidad social ni económica.
- Gasto corriente desmedido: más del 80 % del presupuesto nacional se destina a gasto corriente. Hay más de 500.000 funcionarios públicos y miles de contratos eventuales, muchos de ellos dependientes del clientelismo y no del mérito.
Krause advierte que el Estado se expande por un proceso político perverso, donde “los beneficios están concentrados y los costos dispersos”. En Bolivia, las élites políticas y burocráticas han capturado buena parte del presupuesto, mientras que los ciudadanos (contribuyentes y consumidores) pagamos ese precio a través de impuestos invisibles, inflación, desempleo y deterioro de bienes y servicios públicos.
Pues donde ya no existen límites, hay una democracia en ruinas, y Bolivia también confirma otro de los argumentos centrales del ensayo: “la sustitución del orden republicano por una democracia populista”. En una república funcional, este gasto público está sujeto a límites legales, control parlamentario, reglas fiscales y una ciudadanía informada. En una democracia populista, por el contrario, la mayoría momentánea le entrega al Ejecutivo una chequera sin fondo ni condiciones, por lo que el abuso del poder no tiene límites.
Bolivia ha vaciado las instituciones de control, donde la Asamblea Legislativa ya no delibera: solo aprueba; la Contraloría no fiscaliza: simula; el Órgano Judicial ha sido colonizado por el oficialismo, y el BCB ha dejado de ser banco central para convertirse en el cajero del Ministerio de Economía.
El resultado de este actuar no es solo económico: es también moral y político. Porque se ha perdido la noción de responsabilidad individual y colectiva y, como dice Krause: “Ya no buscamos aprovechar oportunidades, sino que demandamos derechos que se nos deben conceder”. Y esa es la lógica del ciudadano cliente del Estado, no del ciudadano soberano.
La lección debe ser clara: no bastan cambios técnicos, hacen falta reformas institucionales profundas. Como país, debemos recuperar la lógica de la república y del gobierno limitado. Para ello, algunas de las propuestas inspiradas en el texto de Krause son las siguientes:
- Una regla fiscal constitucional que prohíba los déficits, como en el caso peruano, con techo al gasto y reglas de compensación automática.
- Autonomía efectiva del Banco Central, que tenga un mandato único de estabilidad monetaria, la prohibición de financiar al Estado y apertura a la competencia monetaria.
- Un referéndum obligatorio para nuevos impuestos y/o en caso de tomar deudas externas, donde cada ciudadano vote si desea asumir más carga fiscal o comprometer el futuro de sus hijos.
- Presupuestos participativos y transparentes, donde toda persona debería poder entender, en minutos, cuánto gasta el gobierno, en qué y con qué resultados.
- Evaluación de la eficiencia de las políticas públicas: si una empresa estatal pierde dinero durante dos años, deberá cerrarse o privatizarse; o si un programa social o subsidio no cumple objetivos, debe eliminarse. (El Estado no tiene por qué tomarse atribuciones donde el sector privado es más productivo y competitivo, por lo que el Estado debe dejar de actuar como si fuera una empresa que puede competir contra el mercado).
- Educación cívica e institucional: sin una ciudadanía que entienda cómo funciona el Estado y por qué necesita límites, todo cambio será superficial o pura demagogia.
A 200 años de nuestra independencia, Bolivia no necesita otro megaproyecto, otro subsidio ni un nuevo “modelo económico social comunitario productivo”. Necesita reglas, límites, responsabilidad y ciudadanía. Como escribió James Madison: “El problema no es que haya gobierno, sino cómo obligarlo a gobernar bien”.
Hacia un modelo liberal de desarrollo
La salida de este laberinto fiscal y político no está en más intervencionismo, sino en menos burocracia, mayor libertad económica y respeto al ciudadano. Un modelo liberal para Bolivia debe sostenerse en los siguientes pilares:
- Un Estado limitado y transparente, que garantice los derechos fundamentales, pero no reemplace la acción voluntaria y creativa de los individuos.
- Un entorno de libre empresa y competencia, donde emprender no sea una hazaña contra la tramitología, sino una oportunidad para crear valor sin permisos eternos ni extorsiones.
- Mercados abiertos, competencia leal y propiedad privada segura, como base del progreso y la generación de riqueza.
- Instituciones republicanas robustas y vigiladas por una sociedad informada, capaz de frenar el abuso del poder.
El verdadero acto de soberanía no es delegar todo al Estado, sino recuperar el control sobre nuestras propias decisiones. O caminamos hacia una república con reglas, libertad y responsabilidad, o seguiremos alimentando una maquinaria política que consume recursos, derechos y esperanzas
- ALVARO CHIPANA OROZCO
- Ingeniero Petrolero, Maestrante En Economía Y Ciencias Políticas. Gerente Librería Libertad Literatura
- *NdE: Los Textos Reproducidos En Este Espacio De Opinión Son De Absoluta Responsabilidad De Sus Autores Y No Comprometen La Línea Editorial Liberal Y Conservadora De VISOR21
