La Constitución Política del Estado (CPE), dispone en el Art. I que “Bolivia se constituye en un Estado de Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. El Estado de Derecho debe garantizar la protección de los derechos y libertades fundamentales, la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la no arbitrariedad en el ejercicio del poder, crucial para asegurar la justicia, la seguridad ciudadana y el respeto a la ley, tanto para ciudadanos como gobernantes. Es solo respetando y aplicando la Constitución y la ley.
Lamentablemente, los cinco magistrados autoprorrogados, que debieron ser los guardianes del mandato constitucional, actuaron para su beneficio, cometieron el delito de usurpación de funciones, resoluciones contrarias a la Constitución y actuaron como “constituyentes” porque modificaron la CPE. Por ello se debe cumplir el artículo 122 de la CPE que define: “son nulos los actos de quienes usurpan funciones que no les competen”. Implica la nulidad de todas las actuaciones ilegales tomadas por los magistrados autoprorrogados sin competencia. Por lo tanto, deben ser juzgados penalmente y sus bienes CONFISCADOS, por el daño económico al Estado y para sentar precedente.
Verónica Prudencio y Amalia Laura, magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional, realizaron denuncia contra los autoprorrogados, por delitos de Acoso Político contra Mujeres y Falsedad Ideológica, ante la Fiscalía de Chuquisaca. La misma fue admitida e instruye al Juzgado pertinente, dar inicio a la investigación, por los delitos cometidos, como la ampliación irregular de mandatos en el interior del TCP, tipificados en los artículos 148 Bis y 199 del Código Penal.
Por otro lado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, denunció la existencia del auto constitucional 070/2025 que buscaba una tercera prórroga de mandato para los cinco magistrados. La Fiscalía Departamental de Chuquisaca admitió una denuncia penal presentada contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, por aprobar una resolución que habría permitido la “prórroga inconstitucional”. La fiscal de materia instruyó el inicio de investigación contra: Gonzalo Miguel Hurtado Zambrano, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo.
Aunque tarde, la finalización de la autoprórroga de los cinco magistrados del TCP y dos magistrados del TSJ, Ricardo Torrez Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, pone fin al periodo más largo de vulneración de la Constitución, por parte de quienes y en razón de ello, tienen la prohibición de realizar cualquier acto constitucional o jurisdiccional a partir de la emisión de la presente resolución. El fallo de la Sala de Santa Cruz es el único que incluye a los dos autoprorrogados del TSJ, Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez, quienes también ejercieron sus cargos de manera irregular e ilegal, respaldados por sus colegas del TCP. Tenían el deber constitucional, legal y moral de proteger la Constitucion y garantizar el Estado de Derecho.
Finalmente, el Juzgado de Instrucción primero del municipio de La Guardia, emitió cuatro órdenes de aprehensión contra los autoprorrogados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Iván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo y Karem Gallardo. Esperemos que la Policía ahora actúe y cumpla esas órdenes, y no las guarden, como lo hicieron con la orden de aprehensión para Evo Morales. Por ello NO se debe permitir que dejen Bolivia, tienen que responder por sus actos ilegales, con su sanción correspondiente y no queden en la IMPUNIDAD, como en la mayoría de los casos.
Exigimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante una ley, disponer que los suplentes elegidos asuman la responsabilidad de los cinco faltantes del Tribunal Constitucional Plurinacional y dos del Tribunal Supremo de Justicia, para acelerar los más de 17.000 casos pendientes en el TCP. Hasta que se los elija de acuerdo a la Constitución.
- ANGÉLICA SILES PARRADO
- Abogada, Ex Asambleísta Constituyente De Bolivia
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