En Bolivia el centralismo ha convertido a las regiones en mendigos de sus propios recursos y el caso de los prediarios en las cárceles de La Paz lo demuestra con brutal claridad. La Gobernación no tiene competencia alguna sobre el régimen penitenciario, y sin embargo el gobernador Santos Quispe aparece implorando recursos para alimentar reclusos, como si fuese su responsabilidad. Se trata de un absurdo jurídico y político que solo sirve para encubrir la negligencia del Gobierno central, que retiene arbitrariamente el dinero del IDH y lo reparte como si fuera su botín.
Lo más grave es que la propia Gobernación admite haber usado partidas institucionales destinadas a salud, seguridad ciudadana, emergencias y centros de acogida para cubrir la alimentación de delincuentes. ¿Qué significa esto? Que se quitó vacunas a niños, atención médica a enfermos y protección a la ciudadanía para darle comida a criminales. Esa decisión no es solo una improvisación, es un acto moralmente repugnante. Ningún ciudadano honesto debe ver su vida sacrificada en beneficio del que violó la ley.
El Gobierno central adeuda más de 62 millones de bolivianos a La Paz, de los cuales más de 34 millones están comprometidos con el gasto penitenciario. Ese dinero debería estar ya en las cuentas de la Gobernación, de manera automática, sin chantajes ni cartas desesperadas. Pero el Ministerio de Economía calla, porque prefiere usar el IDH como instrumento de presión política. Esta es la realidad del modelo centralista: se asfixia a las regiones, se destruye la autonomía y se mantiene a los gobernadores en actitud servil.
Aquí no estamos frente a un problema administrativo, sino frente a una perversión moral. El populismo insiste en hablar de derechos humanos de los reclusos, mientras miles de ciudadanos libres carecen de seguridad, educación y salud digna. En Bolivia un delincuente tiene garantizado tres platos de comida al día, pero una familia trabajadora debe mendigar por una cama en un hospital público. ¿Es este el modelo de justicia social que nos quieren imponer? ¿Acaso el criminal merece más protección que el ciudadano que respeta la ley?
La respuesta debe ser clara y contundente: basta de centralismo, basta de manipulación política con el dinero de las regiones y basta de invertir las prioridades de la sociedad. Los recursos del IDH deben transferirse de forma directa, automática e intocable. La autonomía debe ser real y no un simple adorno en la Constitución. La prioridad absoluta debe estar en el ciudadano libre, en el trabajador que produce, en el padre de familia que educa a sus hijos, en la madre que espera atención en un hospital. El delincuente cumplirá su condena, pero jamás debe convertirse en privilegiado del sistema.
Bolivia necesita coraje político, no lamentos. Las autoridades departamentales deben plantarse frente al Gobierno central, exigir lo que corresponde y dejar de ser cómplices de este desorden. No se trata solo de prediarios, se trata de dignidad institucional y de justicia con quienes sostienen a este país con su esfuerzo. El Estado no puede seguir siendo un aparato que protege más al criminal que al ciudadano honesto. La batalla es por la libertad, por la autonomía y por devolver al pueblo lo que es suyo: sus recursos, su seguridad y su futuro.
- G. Martín Portocarrero R. O.
- Ingeniero en Finanzas. CEO ENE.RL, analista financiero, Trader Forex, cívico nacional.
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