Estados Unidos sancionó este miércoles al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Alexandre de Moraes, quien impuso una serie de medidas cautelares al expresidente Jair Bolsonaro, sometido a juicio por presunto intento de golpe de Estado, como una tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales.
El Departamento del Tesoro de EEUU detalló en un comunicado que las sanciones se enmarcan en la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno estadounidense a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Se trata de una nueva medida de presión por parte de la Administración de Donald Trump, aliada de Bolsonaro desde que coincidieron durante el primer mandato del republicano, que el pasado 18 de julio ya revocó el visado a De Moraes y le prohibió entrar a territorio estadounidense.
Las nuevas sanciones bloquean los posibles bienes y propiedades del magistrado en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó en un comunicado a Alexandre de Moraes de ser “el responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluido contra el expresidente Jair Bolsonaro”.
Bessent advirtió además que Estados Unidos “seguirá exigiendo responsabilidades a quienes amenacen los intereses estadounidenses y las libertades de nuestros ciudadanos”.
El anuncio del Tesoro se produce después de que Alexandre de Moraes impusiera varias medidas cautelares a Bolsonaro, como el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales, un toque de queda nocturno, además de prohibir la divulgación de entrevistas a Bolsonaro en plataformas digitales, lo que muestra un ensañamiento y alimenta la hipótesis de persecución política.
Bolsonaro, muy cercano a Trump, está acusado de liderar, junto con varios de sus colaboradores, entre ellos antiguos ministros y militares de alto rango, un supuesto complot golpista para mantenerse en el poder luego de las elecciones de 2022 que ganó el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva por un estrecho margen.
Trump, que ha calificado de “cacería de brujas” el proceso judicial contra Bolsonaro, anunció aranceles de 50 % sobre Brasil como medida de presión.
Por su parte, Lula ha respondido invocando la soberanía nacional y advirtiendo sobre posibles represalias comerciales, pero omitiendo que el STF está conformado por once magistrados, de los cuales ocho sirven a sus intereses, pues siete de estos fueron nominados por el Partido de los Trabajadores (PT) durante los anteriores gobiernos de Lula y la gestión de Dilma Rousseff, mientras el octavo es nada menos que Alexandre de Moraes, nominado durante la presidencia de Michel Temer.
Este no es el único caso reciente en el que Washington se ha involucrado en procesos judiciales en América Latina: también condenó el fallo contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe, declarado culpable en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
- ///FUENTE: PANAM POST///
