El candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, presentó este jueves su segundo decreto a ser aplicado si resulta electo presidente este 17 de agosto, que se denomina “Se acabó el secreto”, como una medida de devolver la transparencia institucional al servicio público.
El decreto consta de once artículos y uno señala que “se establece la total transparencia de todos los contratos, acuerdos y convenidos que celebre el Estado con otros Estados, con empresas trasnacionales y nacionales, con organismos internacionales y sus agencias. Toda la información que respalde, explique y constituya dichos contratos, acuerdos y convenios, será publicada por las autoridades competentes. Los funcionarios que transgredieran esta disposición serán procesados por desacato a la autoridad y otros delitos asociados”.
En ese sentido, Doria Medina puso como ejemplo el actual tratamiento de los contratos del litio que el gobierno de Luis Arce maneja como un «secreto de Estado» para poder imponerlos sin consultar a las regiones productoras.
El candidato también se refirió al rol del Banco Central de Bolivia (BCB) que ocultó información sobre el estado de las reservas internacionales netas o de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que no entregó datos sobre las reservas de gas.
“La transparencia resulta fundamental no solo para la democracia, sino también para el funcionamiento correcto de los mercados”, expresó el candidato.
El decreto «Se acabó el secreto» también apunta a transparentar las acciones de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) bajo el criterio de uso público de la información.
Sobre la nueva relación del Gobierno con la prensa boliviana, Doria Medina plantea con este decreto la autorización del «acceso pleno a periodistas y medios de comunicación a la información generada cotidianamente por el Poder Ejecutivo». Finalmente, se establece que «el presidente del Estado dará una conferencia de prensa con preguntas de los periodistas, una vez a la semana».
El decreto «Se acabó el secreto» se suma al primer proyecto de “Se acabó la fiesta”, que establece un recorte gubernamental de entre 40% y 100% de los privilegios de la burocracia política, para generar un ahorro de Bs 2.483 millones anuales al Estado.
