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Desde el Comité de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados se remitió una nota a la Defensoría del Pueblo, para que pueda iniciar acciones para enfrentar la contaminación minera que está afectando a los pueblos indígenas, sobre todo en la amazonía boliviana, informó la diputada María René Álvarez.
Álvarez, quien encabeza la Secretaría del Comité, junto a las diputadas Zulay Mamani y Janira Román, remitió una carta al defensor Pedro Callisaya con el pedido de que se active una Acción Popular desde la Defensoría del Pueblo, para proteger a los pueblos Esse Ejja, T´siman, Lecos, Mosetene, Cavineño y Tacanas, que actualmente se encuentran en estado de vulnerabilidad por la contaminación que genera la actividad de las empresas mineras auríferas, sobre todo con el uso indiscriminado de mercurio.
La nota solicita Callisaya “interponga una Acción Popular por parte de la Defensoría del Pueblo contra los directos e indirectos responsables ante esta grave afectación, así como la omisión y negligencia por parte del Estado, con el objeto de frenar la contaminación directa por mercurio hacia los pueblos indígenas ante el atentado hacia la salud y el medio ambiente”.
Asimismo, los legisladores recordaron que desde esa instancia se emitió el Informe Defensorial de “Estado de Implementación y Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio”, emitido el 8 de abril de 2022, que estableció que el Estado tiene 26 obligaciones específicas para cumplir en torno a la reducción del uso del mercurio en la actividad minera.
Bolivia suscribió el Convenio de Minamata mediante Ley N° 759 del 18 de noviembre de 2015.
La solicitud surge luego de conocerse el informe de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), que tomó muestras de 302 pobladores de las comunidades indígenas Ese Ejjas, Tsimanes, Mosetenes, Leco, Uchupiamona y Tacana, en quienes se evidenció niveles altos de mercurio, por encima de los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Comité de Medio Ambiente remitió desde la pasada gestión, tres Peticiones de Informe Escrito y una minuta de comunicación a los ministerios de Medio Ambiente y Aguas, Minería y Metalurgia y de Salud y Deportes, sin recibir respuesta hasta la fecha.