EL DEBER.- Polémica en La Paz. En las últimas horas salió a la luz un certificado de antecedentes penales que exhibe una sentencia ejecutoriada contra un alto funcionario de la Procuraduría General del Estado, quien es el responsable de la Dirección General de Asuntos Administrativos de dicho ente estatal.
Se trata de Iberth René Renato Aguilar Mamani, funcionario público que tiene una sentencia ejecutoriada por el delito de ejercicio indebido de la profesión con una pena privativa de libertad de un año con seis meses, según el documento que fue expuesto por la red Erbol.
En este contexto, se dio a conocer que Aguilar fue sentenciado en 2017 por presentar un título falso de licenciado en Economía en 2011 para trabajar en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), donde percibía un sueldo de Bs. 7.500. Esta irregularidad no fue aclarado por el funcionario y a través de testigos se descubrió que esta persona no tiene un título en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, es decir, su nombre no figura en los registros de la casa de estudios.
En septiembre de 2021 ya se conocía que Aguilar fungía como funcionario con un título falso y el tema quedó en el aire. El funcionario presentó al menos dos recursos legales para anular la sentencia en su contra, los cuales fueron negados por la justicia.
Pero esta no es la primera vez en la que Aguilar se ve envuelto en polémica, ya que durante los conflictos post-electorales de noviembre de 2019, fue protagonista de un altercado con el entonces líder cívico Luis Fernando Camacho. El funcionario era coordinador del aeropuerto de El Alto y alertó sobre la llegada de Camacho a grupos afines al MAS para evitar su ingreso a la sede de Gobierno
Ante esta situación, el diputado Marcelo Pedraza (Comunidad Ciudadana) señaló que se hará la solicitud de un informe escrito para que la Procuraduría responda sobre la contratación de esta persona.
“Hemos recibido una denuncia y hemos tomado conocimiento de que en la Procuraduría están trabajando personas que tienen sentencia ejecutoriada”, anunció el legislador, quien pidió una respuesta inmediata a las autoridades.
Las normas escritas en la Constitución Política del Estado establecen que para acceder a un cargo público es necesario no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento.
“¿Es correcto que trabaje en la Procuraduría cuya finalidad es proteger al Estado? ¿Es correcto que existan ciudadanos bolivianos con títulos y capaces que se han dejado de lado porque no tienen amigos en la Procuraduría, porque no son delincuentes o porque no tienen sentencia? Aquí hay títulos fantasmas, eso es el MAS y el procurador, (que trabaja) con funcionarios que han cometido delitos”, cuestionó Pedraza.
//FUENTE: EL DEBER//