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La Defensoría del Pueblo intervendrá en el caso de la exdirectora ejecutiva del Fondo Indígena, Elvira Parra, por su estado de salud, informó la defensora interina, Nadia Cruz.
“Vamos a hacer una intervención directamente con la salud de la señora (Elvira Parra) para ver las necesidades que tiene”, declaró Cruz, luego que esta entidad recibió una solicitud de ayuda de Parra.
La exfuncionaria está recluida en la cárcel siete años por el desfalco millonario en el Fondo Indígena, en este periodo ha desarrollado un problema de diabetes y también padece presión alta, la pasada semana denunció que no ha recibido permisos para acudir al médico.
“Estuve sanita cuando entré, pero la pena, la preocupación, los años, ya tengo enfermedad de diabetes, presión alta, no es fácil, es un lugar que no es tampoco bonito vivir porque el problema aquí, a veces no hay buena alimentación”, afirmó Parra.
Manifestó que la preocupación ha complicado su salud, porque enfrenta más de 180 querellas, algunos fueron sobreseídos, otros siguen en juicio, sostuvo en entrevista con radio Fides desde la cárcel.
La pasada semana, el exdirector ejecutivo de esa institución Marco Antonio Aramayo falleció tras dos paros cardíacos que le provocaron un estado de coma profundo. Su cuerpo no resistió.
Aramayo denunció en varias ocasiones, sin ser escuchado, que el sistema judicial y la fiscalía vulneraban sus derechos de manera sistemática y que los más de 200 procesos que le abrieron solo tenían el objetivo de mantenerlo en la cárcel.
La Defensoría del Pueblo tras la muerte de Aramayo, realiza una evaluación integral de todo el proceso del Fondo Indígena, que desde 2015 sigue vigente y muchos casos siguen abiertos e inconclusos.
Cruz precisó que la Defensoría abrió casos específicos en los departamentos de Beni y La Paz. En relación al caso de Parra dijo que están a la espera del informe del equipo médico sobre su estado de salud, después que la exdirectora hizo una solicitud a la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, manifestó que se ha solicitado a la Fiscalía y del Tribunal Supremo de Justicia que se identifiquen a las autoridades jurisdiccionales y fiscales que hubieran intervenido en el caso para que se establezcan responsabilidades” por la vulneración de derechos en los casos de Aramayo y ahora de Parra.
Dijo que no es admisible que una etapa preliminar que debe durar 20 días se extienda por más de un año, “eso ya es una vulneración de derechos”. Citó que en el país hay más de 65% de detenidos preventivos. “Lo dijimos, tenemos un sistema penal que se dedica a la detención preventiva, más no al esclarecimiento de causas.
//FUENTE: ANF//