El Decreto Supremo 5550 firmado por el presidente Rodrigo Paz, fusionó a la Dirección General de Comunicación Estratégica del Estado y la Vocería Presidencial, para crear la Unidad de Comunicación Estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia.
Con esta medida se busca modificar el sistema de comunicación estatal “con el objetivo de racionalizar la estructura de apoyo a la Presidencia, fortalecer la comunicación estratégica y reducir gastos administrativos”.
La Unidad de Comunicación pasará a depender directamente de la Presidencia del Estado, bajo tuición de la Jefatura de Gabinete de Paz.
El 21 de noviembre se presentó a Carla Faval como vocera presidencial, un cargo que había quedado desierto desde la salida de Jorge Richter como vocero del expresidente masista Luis Arce. En tanto, el 28 de noviembre, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, posesionó a Ximena Galarza como directora de la DGCEE con tres unidades a su cargo.
Sobre los medios estatales, estos se mantendrán dentro del organigrama del Ministerio de la Presidencia y se autoriza el desembolso de recursos para su continuidad.
El periódico Ahora El Pueblo dejó de ser impreso y tiene su versión digital; en tanto, la Agencia Boliviana de Informaciones (ABI) fue renovada con un nuevo portal web, pero eliminó todo el historial de archivo que contenía información desde la década de los años 90s.
Varios analistas han calificado la labor de la comunicación estatal como deficiente durante estos primeros meses, sobre todo por el conflicto en torno al Decreto Supremo 5503, que levantó la subvención de carburantes, pero que provocó airadas protestas, marchas y bloqueos de parte de las organizaciones sindicales. Al final, la norma, que nunca fue socializada ni explicada en su contenido, fue abrogada por el presidente Paz.
