JORGE SANTIESTEVAN
San Matías, es una de las provincias fronterizas más complejas, donde el Estado no tiene presencia efectiva, y esa debilidad permitió al narcotráfico irrumpir en este escenario geopolítico como un objetivo dilecto, imponiéndose por su alta rentabilidad, creciente demanda y apertura de mercados, donde explota las transacciones de drogas y armas, vinculados con el contrabando, el juego, la extorsión, secuestros, sicariatos, servicio de “protección” aplicando alto grado de violencia contra los ciudadanos de San Matías; situación que las autoridades del Ministerio de Gobierno no deberían encarar la lucha contra el narcotráfico haciendo lo mismo, al destacar tardíamente contingentes policiales, con una táctica que no guarda relación entre el razonamiento lógico del empleo de los medios humanos y los factores operacionales de tiempo-espacio-oportunidad y sorpresa porque el movimiento obvio de medios humanos y materiales alerta a las organizaciones criminales y les permite eludir la justicia.
El narcotráfico es el “lobby” de los asesinatos y la extorsión, que se alimenta de la corrupción de algunos políticos y servidores públicos del país, tiene un buen servicio de información y de vigilancia en la frontera, como el caso de San Matías, donde opera el Primer Comando de la Capital (PCC) y probablemente también el Comando Vermelho (CV), conformados por personas violentas, oscuras y antiderechos, que se caracterizan por acciones rápidas y crueles promoviendo el miedo y terror en los pobladores.
En suma, San Matías es una población desamparada por el Estado y secuestrada por el narcotráfico que no se debe tolerar, en este sentido el presidente Luis Arce tiene la atribución y la obligación de aplicar una política de fortalecimiento de las fuerzas que deben enfrentarlo y la adopción de nuevas técnicas de investigación e interdicción para proteger a esa población fronteriza, considerando que estas operaciones son de largo aliento, el presidente debe declarar “Estado de excepción” a la provincia Ángel Sandoval con su capital San Matías, según el artículo 137 y en conformidad al artículo 172, numerales 16 y 26 de la CPE.
Esta declaratoria debe estar complementada con una “militarización”; si bien el término puede causar batallas de discusión entre la buena y la mala interpretación, pero la vida humana se defiende con todo tipo de razones y esta es una medida que debe ir acompañada de un sentimiento firme y franco cuyo punto focal es asegurar las operaciones de interdicción y la desarticulación de las organizaciones criminales en esa región, a fin de permitir el restablecimiento del orden, paz y confianza de la población.
Así mismo, el presidente Arce, como cabeza del Comité de Política Integral (CPI), tiene el desafío de plantar cara a esta amenaza, optando por la conformación de una nueva Fuerza de Lucha Contra las Drogas integrada por unidades especializadas de la Policía, Fuerza Aérea, Naval y Ejército bajo la conducción de un Comando Estratégico Operacional (CEO), manteniendo Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (FFEE-RI) en las regiones rojas o de mayor intensidad del narcotráfico; también en el orden de las relaciones internacionales buscar la firma de instrumentos vinculantes para procurar definiciones comunes, colaboraciones y lucha mancomunada para el restablecimiento de la paz, el imperio de la ley y retomar la soberanía nacional, o por el contrario el Gobierno tiene la nefasta opción de continuar dejando impunes a estos “dioses de la muerte” para que destruyan al país.
JORGE SANTIESTEVAN JUSTINIANO
Coronel en Servicio Pasivo. Abogado y Docente Universitario.
*NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21