V21.- El Gobierno a través de sus operadores judiciales, buscaba la destitución o alejamiento del cargo de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero solo era el primer caso en un plan que apuntaba a dar un golpe institucional a todo el Órgano Judicial.
Esa fue la conclusión a la que llegó el abogado Eduardo León, quien hace seguimiento al denominado caso consorcio judicial, y que apunta contra el exministro de Justicia, César Siles, y la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro, como principales responsables.
«Acá se ha develado un plan de golpe institucional al Órgano Judicial y son actos que vienen instigados desde el Gobierno, con una primera destitución, pero iban a continuar con otros más», declaró León a El Deber Radio.
En su criterio, el caso no es la conclusión de estos actos de manipulación política sino el comienzo de otras revelaciones que se irán conociendo en las siguientes semanas.
En tanto, el exministro de Justicia, será enviado al penal de Patacamaya con detención preventiva por cuatro meses por el denominado caso consorcio judicial, una vez que salga del centro médico donde se encuentra por una descompensación de salud.
Siles, según un audio que lo implica con la redacción de un fallo que buscaba alejar del TSJ a la magistrada electa Fanny Coaquira, comprometió el apoyo institucional del Gobierno a ese montaje, agregó el abogado.
Con la salida de Coaquira debía asumir el cargo el magistrado suplente Iván Campero, quien ahora también es investigado. La acción de cumplimiento para la suspensión de la magistrada se basaba en la presunta presentación de documentos falsificados cuando ella se postuló al cargo ante la Asamblea Legislativa.
León explicó que si bien la obtención del referido audio no es legal a efectos procesales, existen varios casos que pudieron avanzar por el valor de las grabaciones que se constituyen en indicios y no pruebas en sí, dentro de una investigación penal.
Siles, en escuetas declaraciones desde su aprehensión, trató de descalificar ese audio al señalar que su obtención fue ilegal y que además podría estar alterado con inteligencia artificial.
La otra implicada, Claudia Castro, recibió detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz, pero ella también se encuentra internada por descompensación de salud, según reportes.
Antes de su audiencia, Castro dijo a Fides, que el abogado la llegó a implicar en el caso, porque ella iba a revelar en estos días supuestos actos ilícitos cometidos por León y su propio consorcio. Entre esos presuntos delitos está la obtención de bienes inmuebles por chantajes a procesados por la Ley 348 de lucha contra la violencia a la mujer e incluso un caso de asesinato a dos policías, hace unos años, en un campamento minero.
León, en respuesta, negó esas sindicaciones y calificó a Castro como una persona con problemas mentales y acostumbrada no solo a mentir sino a montar procesos judiciales a nombre del Gobierno del MAS.
Castro es conocida por su labor como juez en 2020, cuando eliminó todos los procesos que se habían abierto contra Evo Morales y sus colaboradores, desde el caso fraude electoral hasta la figura de terrorismo; en cambio, activó otros casos contra la oposición y llevó a juicio ordinario a la expresidenta Jeanine Áñez, cuando por su investidura le correspondía un juicio de responsabilidades.
