El proceso fue promovido por la oposición, que busca por segunda vez en menos de cuatro meses la destitución del mandatario.
El Congreso admitió la apertura del proceso con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención, y convocó al presidente para el 28 de marzo, para que responda a las acusaciones, entre estas una relacionada con la de una empresaria que lo vincula con actos corruptos.
Un primer intento para iniciar un juicio político a Castillo en diciembre no pasó la primera valla de 52 votos. Para destituir a Castillo, el parlamento debe reunir al menos 87 votos de los 130 legisladores.
El Congreso otorgó la semana pasada su voto de confianza a un cuarto gabinete de ministros de Castillo.
Castillo puede acudir al Congreso junto a su abogado o enviar solo a su defensor para responder a las acusaciones.
Medios peruanos difundieron a fines de febrero declaraciones de la empresaria Karelim López ante la fiscalía que investiga presuntos actos de corrupción en el Gobierno, en las que vincula a Castillo con supuestos actos irregulares.
López, también sujeto de las investigaciones, busca acogerse a un proceso de colaboración con la justicia a cambio de obtener beneficios.
Castillo, quien llegó al poder con el partido marxista Perú Libre tras ganar unas apretadas elecciones, ha dicho en su defensa que grupos económicos que no identificó están intentando dar un “golpe” contra su Gobierno.
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