Cansados de peregrinar buscando justicia e indefensos ante las agresiones físicas y amenazas constantes de loteadores, así se encuentran varios dueños de tierras agrícolas en valle alto. La lucha por defender su derecho propietario no les quita la tranquilidad, sino que va deteriorando su salud, según testimonios recogidos por este medio.
La anulación de títulos ejecutoriales de los propietarios y la transferencia a punta de amenazas, para alterar la superficie del predio avasallado, son ahora algunas de las nuevas estrategias que emplean para invadir tierras en esa región del departamento.
Eduardo Chileno, una de las víctimas, indicó que por lo menos mil hectáreas de tierras están en la mira de loteadores y tras varios años de procesos afirmó con certeza que los invasores son parte de un consorcio, integrado por avasalladores, jueces, fiscales y hasta policías.
Uno de los municipios con mayor cantidad de conflictos entre dueños y loteadores es el municipio de Arbieto. Julia (nombre ficticio), otra víctima, relató que ya no sabe dónde más acudir, porque ninguna autoridad ni institución intervino para que se respete su derecho propietario en el valle alto.
Contó que heredó un lote con documentación que respalda que es la dueña, pero los loteadores hicieron aparecer documentos en los que figura que sus abuelos vendieron la parcela a otros.
“Me han pegado dos mujeres en mi propio terreno, presenté una denuncia en la Fiscalía de Tarata pero no avanza, ya van a ser dos años y recién las han imputado pero dicen que no las detendrán”, lamentó.
Julia dijo que junto a otros comunarios de La Angostura, que también están siendo despojados de sus tierras, viajó a La Paz para reunirse con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, pero no se logró revertir la situación.
“Una fiscal más bien sacó una resolución diciendo que no puedo heredar, la Policía tampoco viene cuando denunciamos, voy a defenderme hasta cuando pueda, aunque todo es plata y tiempo”, remarcó.
La anulación de títulos de propiedad se promueve con el argumento de que las tierras no “están cumpliendo su función social”, de acuerdo a juristas del área.
Dijeron que la familia Canelas es una de las afectadas por este modus operandi, luego de que se hiciera público el ataque a la finca de Maicapampa en pasados días y la Hacienda Angostura desde hace meses.
El abogado de la familia, Eduardo Arze, aseveró que sus clientes son amenazados constantemente y que día que pasan las edificaciones en la propiedad privada y agrícola crecen como “hongos”.
Detalló que en el sector hay al menos 50 casas de una sola habitación.
En un recorrido por el lugar se constató que los loteadores se identifican como afiliados a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, abren caminos, instalan trancas y levantan muros como si fueran a emplazar un campamento destruyendo vegetación nativa, como molles.
Arze informó que el predio cuenta con medidas precautorias emitidas por el INRA, pero ninguna autoridad hace nada, pese a que los dueños insisten que se cumplan las prohibiciones, y un informe de la Alcaldía de Arbieto recomienda la demolición de las construcciones ilegales.
El pasado jueves, los loteadores incluso golpearon y tomaron de rehén a uno de los trabajadores de la finca.
Mil hectáreas de tierras están en la mira de avasalladores en el valle alto. Punata, Cliza, Tolata y Arbieto son los municipios afectados por el problema.
VÍCTIMAS DENUNCIAN PERO LUEGO DESISTEN
La senadora del MAS Lucy Escobar señaló que las víctimas que denuncian avasallamientos terminan abandonando el caso por diferentes circunstancias.
Detalló que como legisladora recibió al menos 20 denuncias que fueron canalizadas a la Comisión de Tierra y Territorio de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, pero le llamó la atención que las personas que denunciaron no volvieron para hacer seguimiento.
ALCALDÍA DE ARBIETO RECONOCE QUE EL PROBLEMA ES SERIO Y DIFÍCIL DE CONTROLAR
El alcalde de Arbieto, Crispín Chiri, señaló que los avasallamientos son un “problema serio” y que es difícil de controlar porque varios de los predios en conflicto están en el área rural, por lo que es competencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) intervenir.
“En realidad nosotros como Gobierno Autónomo Municipal de Arbieto no tenemos atribuciones en algunos aspectos de área rural, es competencia del INRA departamental, pero hemos coordinado con nuestras autoridades y organizaciones sociales para que se respete la normativa”, puntualizó.
La autoridad edil comentó que como Ejecutivo municipal, mediante una revisión de documentación, detectó que en algunos casos los mismos comunarios venden sus parcelas y esas se terminan loteando.
“Es algo difícil de parar, como Alcaldía no podemos paralizar porque la gente tiene derecho a comprar y vender, el problema es serio, en lo que sí somos estrictos es en la aprobación de urbanizaciones”, agregó.
Chiri mencionó que instruyó que las solicitudes deben cumplir con “todos los requisitos”, tal como establecen las normas.
Consultado sobre los loteamientos en la Hacienda Angostura de la familia Canelas, el Alcalde sostuvo que eso es competencia del INRA, aunque existe un informe de la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía que reconoce la existencia de construcciones ilegales.
Este medio intentó insistentemente contactar al director del INRA, Armando Mita, para conocer su versión, pero sin éxito.
Funcionarios de la institución señalaron que estaba con varias actividades y que en próximos días podría atender las consultas y que toda entrevista debe agendarse. Víctimas de avasallamientos cuestionaron que el INRA no haga respetar las medidas precautorias.
//FUENTE: LOS TIEMPOS//