La activista boliviana Kelly Tejeda recibió el respaldo de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda) tras denunciar un ataque permanente contra su persona y el acoso judicial que hoy enfrenta.
La organización hace un llamado al Estado boliviano «a realizar las acciones necesarias para detener la violencia psicológica, mediática y la persecución judicial a la cual ha estado expuesta de forma constante desde 2013», en relación a Tejeda que pertenece a la Cidhpda.
En ese sentido se menciona la Convención de Belén do Pará, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de la cual Bolivia es signataria.
La activista de derechos humanos, medio ambiente y bombero voluntaria, actualmente se encuentra procesada por un caso de supuesta calumnia y difamación por el abogado Eduardo León.
El lunes, Tejeda realizó una extensa transmisión en redes sociales para explicar cada detalle del caso Huaycho – Clavijo y luego salió de su domicilio pasadas las 16 horas, pero recibió la llamada de su familiar para indicarle que un sujeto había colocado un papel en su puerta que era una notificación fiscal con horario de 13:30 y que luego trataron de arrancar.
Para la activista, esa es una maniobra para decir que una persona fue notificada por celudón y, al no responder a la citación, luego se procede a emitir una orden de aprehensión.
Tejeda fue miembro del cuerpo de bomberos en La Paz y posteriormente encabezó otro grupo de voluntarios que trabajó en tareas de rescate como la crisis de los incendios forestales en la Chiquitanía de 2019. También fue una militante por la democracia en 2016 en el movimiento ciudadano que impulsó la consigna de «Bolivia dijo no» a la reelección presencial.
CASO HUAYCHO – CLAVIJO
El tormento de Tejeda comenzó poco antes del asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, ocurrido la madrugada del 1 de febrero de 2013, cuando su entonces pareja Jorge Clavijo, teniente de policía, miembro de Inteligencia e instructor de bomberos, la apuñaló en frente de su pequeño hijo y la madre de la víctima.
En 2012, la activista fue acosada por dos miembros de la Unidad de Bomberos Antofagasta cuando era parte del grupo de voluntarios en esa entidad. Tras rechazar las insinuaciones del capitán Mauricio Laguna y del teniente Jorge Ramírez, Tejeda fue agredida físicamente por tres mujeres oficiales que la golpearon y torturaron en un domicilio particular en represalia por haber «afectado a la institución y a sus camaradas».
Según la activista, los policías desde entonces buscaron atacarla y amenazarla de todas las formas posibles, pues había presentado una denuncia formal contra aquellos uniformados. «Se va por las buenas o se va por las malas», fue la consigna en su contra, afirma Tejeda.
Posteriormente, cuando ocurrió el hecho sangriento que derivó en la muerte de Huaycho, la investigación inicial llevada por el abogado Eduardo León, apuntó a Tejeda como la «causante» de ese atroz crimen por ser parte de un «triángulo pasional». En medios de prensa, Tejeda aparecía como «la amante» que provocó el asesinato.
La investigación afectó a Tejeda al extremo de perder su fuente laboral, salir de los voluntarios y ser amenazada permanentemente, hasta dañar la salud de su padre, quien perdió la vida por la tensión que le provocó ese caso.
Tejeda responsabiliza a León por haber dañado su vida y darle muerte civil, porque ella jamás tuvo ningún tipo de relación con Clavijo.
En la relación de hechos de Tejeda sobre el caso Huaycho – Clavijo detalla que la verdadera amante del teniente fue Edith Fajardo, una sargento de policía que posiblemente fue parte del operativo en el hotel Las Américas en abril de 2009.
Las pruebas periciales evidencian que Clavijo tuvo contacto permanente con Fajardo, incluso a la 1:30 de la madrugada del asesinato, que coincide con el momento en que comenzó la pelea y el fatal ataque del teniente contra la periodista.
Tejeda no tuvo ni un solo mensaje o llamada con Clavijo y asegura que la entonces sargento segundo salió a Estados Unidos donde trabajó durante varios años para el Gobierno del MAS.
Clavijo, precisamente, fue miembro de la Unidad Táctica de Resolución de Conflictos (Utarc) que actuó en Santa Cruz para desbaratar a la célula irregular de Eduardo Rósza, que terminó con la ejecución de éste y otros dos ciudadanos extranjeros, Arpad Magyarosi y Michel Dwyer.
En esta relación de hechos, Tejeda también afirma que el cápitan Laguna, quien la acosó en 2012, es hermano de quien fue edecán del exfiscal Marcelo Sosa, que llevó adelante la investigación del hotel Las Américas, con una serie de extorsiones a la clase empresarial y cívica de Santa Cruz.
Tras asesinar a la periodista, el teniente huyó en la movilidad de la víctima con rumbo desconocido. Semanas después, un cuerpo en total estado de descomposición fue encontrado colgado de un arbusto en una zona de los Yungas.
La oposición política de entonces, dudó sobre la veracidad de ese supuesto suicidio y apuntó al Gobierno de tratar de encubrir un crimen y ayudar a Clavijo a salir del país. También se abrió la sospecha de que la periodista tenía información sobre el operativo en el hotel Las Américas y por eso fue «acallada».
Años después, León aceptó la versión de que el caso fue armado por el Gobierno y que la muerte de Huaycho tuvo móviles políticos y no pasionales.
Luego de más de 12 años de pedir que su nombre sea limpiado por haber sido incluida en un caso del que nunca tuvo relación, Tejeda ahora enfrenta una denuncia por calumnia y difamación de parte de los abogados Eduardo León y Zuleica Lanza a quienes señaló públicamente de haber conformado un presunto «consorcio judicial» que en su momento la implicó, sin ninguna prueba, en el caso Huaycho- Clavijo.
«Me dieron muerte civil y ahora quieten sentenciarme por haber dicho la verdad. Solo pido que algún abogado pueda tomar mi defensa porque no solo soy yo sino otras víctimas de este consorcio», concluyó.
