La mujer de 84 años lleva ocho días en una terraza de tres metros y custodiada por decenas de policías / VISOR21
Redacción VISOR21
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, lleva más de una semana de vigilia en una terraza de tres metros, durmiendo a la intemperie y sin acceso a servicios básicos de la sede avasallada por grupos masistas. Esa situación extrema es calificada como una forma de tortura y ya fue denunciada ante Naciones Unidas.
La octogenaria activista, que padece de cáncer, lleva ocho noches durmiendo envuelta con cartones y frazadas, cubierta por una improvisada carpa de plástico y usando pañales de adulto, pues no se le permite ingresar a la sede que ella inauguró en la avenida 6 de Agosto, luego de la fundación de la APDHB en 1976.
La psicóloga Nora Paz dijo a VISOR21 que Carvajal se encuentra lúcida, con todas sus facultades, pero totalmente indignada por la carencia de justicia y el incumplimiento a la reciente resolución que le concedió una acción de libertad para tener acceso a los ambientes de la llamada Casa de la Democracia.
Explicó también que existe una forma de tortura en su contra porque al no tener acceso a un baño, la octogenaria mujer debe usar pañales con el riesgo de contraer infecciones, así como la imposibilidad de asearse hace más de una semana.
Pese a esa acción de libertad, que también establece la prohibición de que Carvajal sea acosada u hostigada por el grupo de avasalladores encabezados por el dirigente paralelo Edgar Salazar, cada día integrantes de los grupos de choque “columna sur”, “satucos” o juventudes comunistas llegan al lugar para amedrentar a los activistas que acompañan desde la acera a la presidenta de DDHH y le entregan alguna fruta o agua en botella.
A todo esto se suma la permanencia de los grupos avasalladores dentro de las oficinas sin que abran las puertas frontales de la sede que quedaron soldadas desde la toma de Salazar.
Esta jornada, legisladores de la alianza Creemos enviaron una nota con carácter urgente, al relator especial sobre Tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer, con la denuncia de la tortura que recibe Carvajal desde que se tomó la sede de la APDHB el pasado 2 de junio.
La carta expresa una “solicitud de acción o llamamiento urgente que pueda garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de Amparo Carvajal ante el trato cruel del que es víctima y la omisión de las autoridades nacionales llamadas a conservar sus derechos”.
La nota apunta responsabilidad al régimen de Luis Arce, quien se encuentra en Bruselas en una cumbre de presidentes progresistas y socialistas de Europa y América Latina.
“… el Estado boliviano, incumple sus obligaciones convencionales, aunque en la presente denuncia la víctima no se encuentra privada de libertad, sus condiciones personales y el contexto donde se desarrollan las agresiones, advierten una situación de vulnerabilidad, acentuada por el hostigamiento que ejercen personas afines al partido de gobierno (Movimiento al Socialismo), que con apoyo de las instituciones estatales, le han arrebatado no solo la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos sino también el edificio sede de la misma exponiendo un trato cruel e inhumano”.
Los legisladores de Creemos alertan, además, el riesgo que implica mantener en estas condiciones a la mujer española de 84 años.
“María Amparo Carvajal es susceptible de perder su vida, al exponerse en una vigilia día y noche enfrente de la sede tomada por los afines del MAS, para la defensa de sus derechos como defensora, ante la inacción de las autoridades como la Policía, y de las autoridades judiciales, quienes negaron la tutela solicitada mediante una primera acción constitucional”.
El abogado Franco Albarracín ya había explicado que la situación de Carvajal deriva en la figura de tortura y vulneración a sus derechos fundamentales.
“Los elementos constitutivos de la tortura son: un acto intencional, el sufrimiento físico o mental y que la acción se realice con un fin específico. En este caso, las acciones son ejecutadas por agentes del Estado (funcionarios públicos) o, al menos, con su permiso o aquiescencia”, tuiteó.
Albarracín pidió a la comunidad internacional no quedar callada ante este panorama.
“En este caso, la tortura tiene como objetivo no solo hacer que Amparo renuncie a su pacífica medida de protesta, sino que también es una acción destinada a infligirle un castigo. El gobierno pretende castigar a Carvajal por ejercer su derecho a la protesta pacífica”, concluyó.