El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, reconoció este martes que el país mantiene deudas por 33 millones de dólares con organismos multilaterales y anunció un “plan de pagos” para “recuperar la confianza” y la credibilidad internacional.
Durante la rendición pública de cuentas de la gestión 2025, Aramayo dijo que la deuda da para pensar como país “en torno a qué representa realmente la dignidad, la soberanía, la responsabilidad por la función pública” porque el incumplimiento en los pagos derivó en el cierre para Bolivia de los espacios de participación internacional y la pérdida de liderazgos en foros globales.
“Durante años nos sentamos en foros internacionales simulando un liderazgo que no tenía sustento, mientras éramos señalados como deudores morosos. Eso tiene que acabar”, afirmó.
“Se nos cerraron las puertas, se nos arrebató la voz en escenarios clave y se puso en riesgo nuestra dignidad nacional porque alguien decidió que era mejor ocultar la deuda que gestionarla. Esa morosidad no solo era financiera, sino, también, una morosidad ética”, agregó.
Destacó que la Cancillería está iniciando un conjunto de acciones “para generar un plan de pagos”, en medio de la crisis económica y el déficit fiscal para honrar los compromisos de Bolivia con el fin de “recuperar la confianza”.
BOLIVIA PAGÓ $US 1,8 MILLONES PARA RECUPERAR VOZ Y VOTO
De la deuda de 33 millones de dólares, el Estado ya pagó 1,8 millones para recuperar voz y voto en organismos internacionales, se informó en el acto de rendición de cuentas.
Las deudas de la Cancillería incluyen otros 1,5 millones de dólares a los funcionarios en el servicio exterior.
En su discurso, el ministro también prometió transparencia y trabajar para apoyar a la recuperación de la economía para salir del escenario “del que todos querían marcharse de este país”.
En ese sentido, lamentó que en el último quinquenio más de 5.700 empresas y “un conjunto impresionante” de profesionales dejaran Bolivia, una parte por persecución política, y anunció que se generarán incentivos para que retornen.
Aramayo asumió la conducción de la cancillería el 8 de noviembre pasado con el gobierno de Rodrigo Paz, que reemplazó al presidente Luis Arce (2015-2020) que está prisión desde el 10 diciembre por supuesta corrupción en el caso Fondo Indígena.
Su antecesora en la cancillería fue Celinda Sosa que en 2023 sustituyó a Rogelio Mayta, que fue el primer canciller de Arce. Ese año, Mayta pasó a ser magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cargo que sigue ejerciendo.
En su crítica, Aramayo también aludió a los casi 20 años de los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), incluyendo los de Evo Morales (2006-2019) y dijo que en la Cancillería están tratando de reconstruir información incluso «inexistente», que “ha sido en muchos casos escondida” sobre las supuestas irregularidades en la institución.
“A continuación, vamos a empezar los procesos administrativos de responsabilidad civil e incluso penal, según corresponda. Vamos a entregar y vamos a dejar todo en manos de la norma, porque lo último que nos vamos a permitir es dejar un Estado impune”, sentenció.
// FUENTE: ANF//
