Un contexto bastante complejo en lo económico supone tener un gobierno central a la altura así como una asamblea legislativa que acompañe la gestión con la aprobación de leyes prontas que allanen el camino hacia un programa de estabilización oportuno y profundo tal que siente las bases para los gobiernos venideros decidan la visión que deberá perseguir el país los próximos 30 años.
Pero ¿Cuál el rol de los gobiernos municipales y departamentales?
Los últimos años se ha visto a las autonomías como meros observadores inutilizados por la política asumida desde la aprobación de la Constitución Política de Estado allá por 2009. El Centralismo fue ratificado a partir de una ley de autonomías que permitía que el Gobierno Central disponga la creación de competencias sin la obligación de garantizar los recursos que las financien. Esto tuvo 2 efectos en las autonomías: el primero, se despojó de autodeterminación a los territorios mismos que recaudaban recursos en favor del Centralismo pero veían que estos llegaban disminuidos o con un fin específico que respondía a la planificación central del Gobierno Nacional. El segundo, ante un escenario sin autodeterminación los gobiernos territoriales relajaron sus responsabilidades y se convirtieron en meros administradores y ejecutores de órdenes superiores, esto género que pierdan noción del contexto económico en el que se encontraban y por ende manejen una forma de planificar estrictamente de corto plazo.
Ambos factores fueron caldo de cultivo para males como el déficit público en alcaldías y gobernaciones, comportamiento desenfrenado en el endeudamiento interno y el excesivo gasto corriente en lugar de una priorización de inversión pública basada en necesidades y urgencias reales en el marco de sus competencias. El resultado es que al cierre de 2025 el hueco fiscal demanda de algo más que una reasignación presupuestaria, requiere de una verdadera reingeniería de las instituciones territoriales acordes y consonancia con el programa de estabilización.
Para muestra basta un botón, el Informe Fiscal del 2024 correspondiente al primer semestre de 2024 pero publicado en febrero 2025 da cuenta de los siguientes hitos en relación a los gobiernos municipales:
A partir del año 2014 se fueron registrando una hilera de déficits fiscal global en las entidades municipales que llegaron a un acumulado de Bs. 7.853.253.000 (siete mil ochocientos cincuenta y tres millones doscientos cincuenta y tres bolivianos) hasta el año 2023.
A partir del año 2020 existe una tendencia inversa en relación al Gasto Corriente y Gasto en Capital, mientras el Gasto en Capital llego a un acumulado de Bs. 24.854.361.000 (veinte y cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro millones trescientos sesenta y uno mil bolivianos) el gasto corriente se situó en Bs. 41.476.697.000 (cuarenta y uno mil cuatro cientos setenta y seis millones seiscientos noventa y siete mil bolivianos) hasta el año 2023.
La principal fuente de ingresos proviene de las Transferencias por Coparticipación Tributaria, en un periodo de recesión estos ingresos menguaran tomando en cuenta que estos representaron en su punto más alto (2014) el 78% de los Ingresos Corrientes. En contrapartida los Ingresos Propios es decir aquellos generados por las municipalidades solo 0,5%, en resumen no son sostenibles por si mismos y dependen de que el gran bolso de la Coparticipación provea para todos.
El gasto destinado solamente a servicios personales se ha multiplicado por 7 entre el año 2005 y el año 2023. Mientras que el gasto en capital solo lo hizo en cerca de 2,4 veces en el mismo periodo de análisis. Las prioridades han generado una carga social inmanejable a nivel de gobiernos municipales.
El enfoque utilizado por los gobiernos locales es micro en sentido que responde a las demandas de la ciudadanía pero estas pasan por un filtro político previamente, es decir su lugar en la escala de prioridades tiene mucho que ver con la agenda oscura del cálculo político. Controlan precios porque es lo que la gente pide, aunque estos esfuerzos sean un desperdicio de tiempo y totalmente contradictorios con las motivaciones de los ciudadanos. Realizan obras como calles, avenidas, parques y áreas públicas pero nuevamente las concentran allá donde existe mayor concentración de votantes. Contratan personal de manera indiscriminada convirtiéndose en verdaderas agencias de empleo supernumerario que no persigue un objetivo claro y por el contrario debe justificar su existencia haciendo más engorrosos, accidentados y contradictorios los procesos administrativos.
Lo macro está ausente, porque el déficit fiscal es una condición sine qua non en estos niveles, porque las necesidades de la ciudadanía jamás pueden ser postergadas de atención por un ajuste presupuestario que si bien es coherente y consecuente con la situación del país resulta altamente impopular. Por otro lado el gasto público debe recular o por lo menos considerar hacerlo en vista que su intervención en lo micro es aislada, desconectada e inconexa generando una dispersión ineficiente de esfuerzos, tiempo y dinero. Analizar canales alternativos para generar recursos propios no haciendo empresa a punto de endeudamiento sino ampliando la base de contribuyentes, a partir de incentivos algo que resulta novedoso comparado a lo que se venía haciendo hace 20 años.
Lo micro requiere de un conocimiento que ningún gobierno municipal tiene o puede jactarse de tener alguna vez, pero lo macro es un enfoque válido a considerar tomando en cuenta el momento que vive el país, la crisis que hereda y la oportunidad que se abre para hacer una completa reingeniería, aligerar la carga heredada, hacer una lista de prioridades no porque el cálculo político así lo determine sino porque es lo que sus ciudadanos lo requieren con mayor premura.
¿Economistas quieren una última chance para reivindicarse frente a la sociedad? La tienen delante suyo esperando escuchar la voz de la racionalidad económica, la sensatez y cautela de un guía que no presume su superioridad sino que reconoce los límites de su conocimiento frente a la abrumadora evidencia que trae consigo el mercado como institución.
- CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA
- Economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Presidente de la Fundación Lozanía
- *NdE: Los textos reproducidos en este espacio de opinión son de absoluta responsabilidad de sus autores y no comprometen la línea editorial Liberal y Conservadora de VISOR21
