Burocracia y funcionarios públicos

La burocracia es uno de los grandes desconocidos del Estado. A menudo, nos enfocamos en la clase política y pasamos por alto que la burocracia tiene un poder inmenso tanto para impulsar como para frenar a esa misma clase política. Los burócratas y las múltiples derivadas de la burocracia influyen en cómo se implementan y se modifican las políticas. Sin el apoyo de la burocracia, el éxito de cualquier gobierno recién llegado al poder es menos probable.

La burocracia nunca se enfrenta directamente, nunca dice que no. En cambio, su resistencia se manifiesta en la inacción. Cuando sus intereses se ven amenazados, pueden ralentizar procesos, cometer «errores» o simplemente «olvidar» plazos cruciales. No libran batallas físicas ni dialécticas; su lucha se da en la omisión y la demora. Aunque parezcan neutrales, los burócratas tienen sus propias ideas políticas y una resistencia natural a ser dirigidos. Este poder sutil y encubierto puede frustrar incluso las iniciativas más bien intencionadas de los políticos electos.

A pesar de la presencia ocasional de debates morales dentro de la burocracia, estos no suelen ser el foco, ya que pueden dar lugar a cuestiones aún más complejas.

Con esta comprensión de la burocracia, su estructura y dinámica interna, podemos proceder a explorar soluciones que aborden estos desafíos y promuevan una mayor eficiencia y responsabilidad dentro del aparato estatal. Representa un desafío singular para la gobernanza efectiva y la implementación de cambios significativos dentro del Estado.

El gobierno boliviano, bajo el socialismo, ha implementado una estrategia para ocupar espacios públicos como una forma de consolidar su poder político. No obstante, es crucial evaluar de manera crítica la efectividad y sostenibilidad de estas políticas. Según el Ministerio de Economía, el aumento en el gasto de sueldos se debe a políticas de redistribución de ingresos, con incrementos salariales que superan la inflación, lo cual ha mejorado el poder adquisitivo de la población. Sin embargo, esta estrategia ha suscitado preocupaciones sobre la inflación y la viabilidad a largo plazo de mantener estos incrementos sin comprometer la estabilidad económica del país.

El sector educativo y de salud concentra la mayor cantidad de dependientes. El aparato estatal tiene al menos 526.955 dependientes, una planilla que cada año crece hasta en un 10% y cuyo pago representa uno de los gastos más onerosos que tiene la administración pública hasta el año 2023 -el dato más reciente-, la administración central del Estado, departamental y regional, municipal e indígena, las universidades, las instituciones descentralizadas.

Las entidades de seguridad social, el personal del servicio público de salud, de las financieras del Estado, de educación, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana concentran la mano de obra de 491.860 funcionarios.

A esta cantidad se le debe agregar los dependientes de las empresas estatales, cuya planilla reúne a cerca de 35,095 empleados.

Sobre la base de los registros disponibles hasta mediados de 2018 en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE), se observa que la población económicamente activa ocupada (PEAO) en el territorio nacional asciende a 5.238.125 personas

Los 526.955 dependientes de las instituciones que son parte del aparato estatal representan el 10,06% de la base total de la PEAO.

Con el gobierno masista muchos de los ministerios y de las empresas han tocado su techo presupuestario y, aunque quieran, no pueden incrementar el número de sus dependientes.

En la gestión 2019, cerca del 18,6% del Presupuesto General del Estado fue reservado para cubrir el pago de los sueldos de los trabajadores del sector público.

El porcentaje destinado a los salarios de los funcionarios equivale a 39,968 millones de bolivianos, superior en 2,9% al monto destinado para esa área en la gestión 2018, según datos del Ministerio de Economía.

Por cantidad de recursos, el 37% del total asignado para el pago de salarios fue destinado a los sectores de educación y salud; la Policía y Fuerzas Armadas se llevaron el 11%; las municipalidades, el 9%; las universidades, el 8%, un porcentaje similar al de las instituciones de seguridad social. Las entidades descentralizadas tuvieron una participación del 5%, en tanto que las gobernaciones 2%. Por último, el «resto» se llevó el 13% de lo asignado al pago de salarios.

Es momento de actuar.

Debemos comprometernos con una revisión meticulosa de estas políticas para garantizar que los beneficios actuales no se conviertan en cargas futuras. La sostenibilidad económica debe ser una prioridad, y para ello, es esencial equilibrar los incrementos del gasto salarial con la productividad y el crecimiento económico. La toma de decisiones informada y oportuna es clave para el bienestar a largo plazo de la nación.

ESTRATEGIA PARA LA REESTRUCTURACIÓN

REESTRUCTURACIÓN. – Lograr una reestructuración efectiva de las estructuras organizativas de las instituciones gubernamentales para mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia.

1. (Estrategia). – Reingeniería Organizacional. – Implementar un proceso de reingeniería para evaluar las funciones actuales de los funcionarios, identificar superposiciones y áreas de ineficiencia.
2. (Estrategia). – Redistribución de Tareas. – Reasignar a los funcionarios a áreas donde su contribución pueda ser más efectiva y tenga un impacto significativo en los resultados.
3. (Estrategia). – Evaluación Multinivel. – Realizar una revisión exhaustiva en cada dirección, ministerio y viceministerio para determinar las necesidades actuales y los roles redundantes.
4. (Estrategia). – Gestión de Impacto. – Cerrar o reestructurar aquellos cargos que no han generado un impacto positivo en los últimos años.
5. (Estrategia). – Enfoque de Gestión «de hormiga». – Incentivar a los nuevos mandos altos a realizar un análisis detallado y meticuloso de las necesidades organizativas y operativas.

1. (Propuesta). – La implementación de estas estrategias debe ser gradual y cuidadosamente planificada para asegurar una transición suave y evitar interrupciones en los servicios gubernamentales.
2. (Propuesta). – Resultados Esperados: Una estructura gubernamental más ágil y adaptada a las necesidades actuales, que pueda responder de manera más efectiva a los desafíos del país.
3. (Propuesta). – Esta estrategia se centra en la optimización de recursos y talentos, asegurando que cada individuo y departamento contribuya al máximo a los objetivos del gobierno.
4. (Propuesta). – Evitar los empleados supernumerarios, en instituciones públicas donde un funcionario que ejecuta una función similar a la que hace otro empleado de su misma área.
5. (Propuesta). – Eliminar las prácticas detestables de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo donde se estatizó y burocratizó la economía y el modelo económico, para generar miles de empleos, pero sin razón productiva, es decir, a la burocracia se le puso más burocracia.
6. (Propuesta). – Revertir la tendencia impuesta por el masismo que entre 2006 y 2018 las variaciones en el incremento de personal en los empleados de la administración pública oscilaron entre 2% y 10%. Sólo en la gestión 2017 hubo una reducción de los servidores, debido al cierre de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol), pero desde 2018 el número de dependientes creció hasta superar el medio millón.
7. (Propuesta). – Los trabajadores del Estado, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores de empleo privado.
8. (Propuesta). – Achicar el gasto del Estado, se eliminarán los ítems de las empresas públicas quebradas e inviables económicamente que serán cerradas.
9. (Propuesta). – Los ítems de ministerios y sus dependencias que sean cerrados o transformados serán reasignados a la nueva dependencia manteniendo niveles salariales y categorías, es decir, ítem, contrato a plazo fijo, consultorías etcétera. A todos ellos se incluirá el seguro de salud.
10. (Propuesta). – Restablecimiento de la carrera administrativa estatal, mediante la reformulación de la ley del funcionario público del Poder Central con jerarquización y escalafón en el ejercicio público.
11. (Propuesta). – El 25% de la totalidad de los funcionarios del poder central deberán ser de carrera administrativa, la ley del funcionario definirá requisitos, tipos de jerarquía institucional, la forma de ascenso dentro de esa jerarquía, procedimiento de contratación de nuevos funcionarios a la carrera administrativa ante despidos, jubilación o renuncia voluntaria. Estos nuevos funcionarios podrán ser personal independiente o funcionarios de designación política en ejercicio.
12. (Propuesta). – Para los funcionarios de carrera administrativa estará establecido el procedimiento específico y claro para despidos por causa de ineficiencia laboral según un sistema integrado para todo el aparato estatal; según incumplimiento de deberes, corrupción, deslealtad al ejercicio de la función estatal (No al partido gobernante de turno), maltrato al ciudadano, acumulación de quejas por mala atención al ciudadano, incumplimiento de plazos de entrega de trámites o tareas asignadas con claridad específica según manuales, instructivos escritos o verbales.
13. (Propuesta). – Como una forma de resarcimiento mediante la modificación de la normativa actual, los funcionarios despedidos de las empresas públicas que sean cerradas, podrán ser contratistas, proveedores de bienes o servicios, adjudicarse obras y otros del Estado desde el momento que sean desvinculados de su fuente laboral.
14. (Propuesta). – Creación del Consejo de Calificación del Ejercicio del Funcionario (COCEF):

1. a) Estará conformado por un representante designado por el gabinete del presidente o vicepresidente, un representante del partido o alianza gobernante, un representante del sindicato de funcionarios de carrera administrativa, un representante de la federación de empresarios de Bolivia, un representante de las universidades públicas, un representante de las universidades privadas. Un representante de los colegios de profesionales de Bolivia.
2. b) Asignación de puntuación, de acuerdo a rúbrica específica de incumplimientos o quejas, establece techos mínimos aceptables para el ejercicio como funcionario de carrera, establece mecanismos de mejora de puntuación y restablecimiento de jerarquía perdida ante incumplimientos u otras indisciplinas.
3. c) Determina la contratación y destitución de nuevos funcionarios de carrera administrativa de acuerdo a reglamento aprobado por el mismo consejo, cuyos fallos son inapelables.
4. d) Determina restitución y pérdida de escalón de jerarquía institucional.
5. f) Determina la recontratación de funcionarios de carrera destituidos.
6. g) Establece parámetros de la jerarquía institucional, que no implica lugar de asignación de trabajo.
7. h) La asignación de lugar de trabajo, funciones, etcétera, de los funcionarios de carrera administrativa es de exclusiva responsabilidad del gobierno en ejercicio. La jerarquía institucional no implica la ubicación del cargo necesariamente.
8. i) El ascenso institucional de cada funcionario de carrera administrativa será publicado en el boletín mensual del funcionario administrativo y publicitado en los medios de comunicación estatales.

15. (Propuesta). – La jubilación del funcionario de carrera administrativa será en iguales condiciones que la del trabajador privado.
16. (Propuesta). – El funcionario de carrera administrativa no podrá formar parte de ninguna campaña política en ninguna instancia del Estado central, autonómica departamental o municipal ni tener militancia política registrada formalmente o por afinidad comprobada, ni hacer exaltación pública de su preferencia política partidaria bajo sanción de pérdida de nivel dentro el escalafón e incluso la condición de funcionario de carrera administrativa y convertirse en funcionario de designación política.
17. (Propuesta). – El nivel dentro del escalafón del funcionario de carrera administrativa no dependerá del título profesional, aunque este sí le dará puntaje extra.
18. (Propuesta). – El nivel dentro del escalafón estará establecido además de los méritos en el desempeño laboral, en la antigüedad en el mismo cargo, recomendaciones y felicitaciones recibidas por personal jerárquico superior, rendimiento en el desempeño, tiempo de resolución de conflictos y trámites a su cargo. La medición de estos parámetros se los sacará directamente del sistema informático de gestión de calidad de cada unidad, o área donde trabaja.
19. (Propuesta). – La unidad técnica de gobierno electrónico es la responsable de implementar los mecanismos de retroalimentación digital y reportes en los distintos sistemas informáticos de trámites y servicios al ciudadano de Ministerios o agencias del gobierno. Los reportes mensuales estarán disponibles en cualquier momento para remitirlos al Consejo de calificación del funcionario o a recursos humanos.
20. (Propuesta). – Los reportes también serán registrados para los funcionarios de designación política para uso voluntario de jefaturas y direcciones, incluso podrán ser entregados también a los representantes del Consejo a solicitud expresa.
21. (Propuesta). – El nivel de los funcionarios de carrera administrativa determinan sus escalas salariales y sus beneficios sociales. Si el nivel se modifica hacia arriba o hacia abajo también lo hará su escala salarial.
22. (Propuesta). – Los fallos del COCEF son inapelables.

• MARCEL RIVAS
• PORTAVOZ PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
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